SANTO DOMINGO. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la madrugada de este martes la sentencia del caso Coral, imponiendo penas de hasta 20 años de prisión a varios de los principales implicados en la red de corrupción que operó en instituciones estatales.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, Tania H. Yunes Sánchez y Jissel Y. Naranjo Tejada encontraron culpables al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Benoni Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y a Rafael Núñez de Aza, condenándolos a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos del sector público.
Según la decisión, los acusados fueron hallados responsables de delitos como asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y otras infracciones vinculadas a corrupción administrativa.
Asimismo, Julio Camilo de los Santos Viola fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa de 400 salarios mínimos. Mientras tanto, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora) recibió una condena de 15 años de cárcel y una multa de 300 salarios mínimos por lavado de activos e incremento patrimonial.
El tribunal también impuso 10 años de prisión a varios acusados relacionados con el entramado de corrupción y lavado de activos, entre ellos Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez.
Otros imputados recibieron penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas económicas, por delitos relacionados con lavado de activos, tenencia ilegal de armas y testaferrato.
Por otro lado, el tribunal absolvió a varios acusados, incluyendo a Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Eric Daniel Pereyra Núñez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Santiago Antonio Suárez Peguero y a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, al considerar insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La sentencia representa una de las decisiones judiciales más relevantes dentro de los procesos anticorrupción desarrollados en los últimos años en República Dominicana.
