Un juez estatal de Staten Island ordenó suspender temporalmente la aplicación del nuevo impuesto “pied-à-terre” de Nueva York, una de las principales apuestas fiscales del alcalde Zohran Mamdani, después de que propietarios denunciaran graves errores en la identificación de los contribuyentes.
El fallo supone un revés para una medida que busca recaudar alrededor de USD 500 millones al año mediante un recargo a las propiedades de lujo utilizadas como segundas residencias. Sin embargo, la suspensión quedó rápidamente envuelta en incertidumbre: la ciudad presentó su apelación el mismo lunes y, según ABC7 New York, ese recurso bloquea automáticamente la orden judicial mientras avanza el proceso.
El conflicto no se centra inicialmente en el principio del impuesto, sino en la manera en que la administración municipal intentó ponerlo en marcha.
Residentes permanentes recibieron avisos
El nuevo gravamen está dirigido a propietarios que no viven permanentemente en determinadas viviendas de alto valor. La norma contempla casas valoradas en más de USD 5 millones, así como condominios y cooperativas cuyo valor alcance al menos USD 1 millón.
El problema surgió cuando la ciudad publicó un padrón de aproximadamente 960.000 propietarios potencialmente alcanzados por el impuesto y envió notificaciones a unas 17.000 direcciones.
Entre los destinatarios aparecieron personas que utilizan esas propiedades como residencia permanente y que, por lo tanto, no deberían estar sujetas al recargo.
Los propietarios que acudieron a los tribunales sostienen que la ciudad trasladó a los ciudadanos la responsabilidad de demostrar que estaban siendo incluidos de manera incorrecta.
La demanda acusa a la administración de haber obligado de forma arbitraria a residentes de Nueva York a demostrar que no debían pagar el nuevo impuesto.
Para los demandantes, ese error convierte el lanzamiento del tributo en un problema legal que va más allá de una simple falla administrativa.
Un revés para una de las apuestas fiscales de Mamdani
Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul presentaron el impuesto en abril como una herramienta para obtener nuevos recursos de los propietarios de mayor patrimonio.
El alcalde defendió desde el comienzo la medida como un gravamen dirigido específicamente a quienes poseen propiedades de altísimo valor pero no las utilizan como residencia permanente.
“Este impuesto pied-à-terre está diseñado específicamente para los más ricos entre los ricos”, había afirmado Mamdani al convertirse la iniciativa en ley.
Ahora, la implementación quedó en manos de los tribunales.
El abogado Randy Mastro, quien presentó la demanda, cuestionó duramente la actuación del gobierno municipal y sostuvo que la administración buscó un anuncio de alto impacto político sin cumplir correctamente con los requisitos legales para poner en funcionamiento el recargo.
La ciudad, en cambio, rechazó el fallo y defendió tanto la legalidad del impuesto como su capacidad para aplicarlo correctamente.
La ciudad apela y el conflicto continuará
El Departamento Legal de Nueva York presentó la apelación inmediatamente después de la decisión judicial.
El portavoz adjunto del alcalde, Matt Rauschenbach, aseguró que la administración discrepa con el fallo, pero mantiene su confianza en el impuesto y en la capacidad de la ciudad para implementarlo “de manera justa y efectiva”.
La gobernadora Hochul también reconoció que existe frustración entre los ciudadanos por la forma en que se lanzó el programa, aunque marcó distancia de los problemas de implementación y sostuvo que esa responsabilidad corresponde a la ciudad.
Desde Staten Island, el presidente del distrito, Vito Fossella, celebró la decisión judicial y calificó el lanzamiento del impuesto como uno de los episodios de implementación de políticas públicas peor gestionados que ha visto.
Una pelea que puede convertirse en un problema político
Más allá de la disputa jurídica, el impuesto abrió un nuevo frente político en Nueva York.
Sus defensores consideran que la ciudad debe obtener mayores ingresos de los propietarios con capacidad económica para adquirir viviendas multimillonarias que no utilizan como residencia principal.
Sus críticos advierten, en cambio, que imponer nuevos costos a los propietarios más ricos podría incentivar la salida de capital y de contribuyentes de altos ingresos de Nueva York.
El debate adquiere especial relevancia mientras los demócratas enfrentan presión electoral por el elevado costo de vida y el acceso a la vivienda.
Por ahora, el futuro inmediato del impuesto depende de los tribunales. Los argumentos orales del caso están previstos para el 31 de agosto, fecha en la que podría comenzar a definirse si la ciudad puede continuar con la implementación del polémico recargo o deberá corregir primero el mecanismo utilizado para identificar a sus contribuyentes.
