Washington, EE.UU. Un tribunal federal de apelaciones autorizó al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones aceleradas en todo el territorio estadounidense, ampliando un mecanismo que anteriormente se aplicaba principalmente a personas detenidas tras cruzar las fronteras del país.
La decisión fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, cuyos jueces concluyeron que la ampliación de este procedimiento no vulnera los derechos de los inmigrantes afectados.
Al inicio de su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aplicar las expulsiones aceleradas a extranjeros que no pudieran demostrar una residencia continua de al menos dos años en Estados Unidos.
Esta medida era utilizada tradicionalmente para personas detenidas cerca de la frontera sur, quienes generalmente eran retornadas a México sin pasar por un proceso judicial migratorio completo. Con la nueva disposición, los agentes podrán aplicar el procedimiento a inmigrantes indocumentados localizados en cualquier parte del país.
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Justin R. Walker y respaldada por la jueza Neomi Rao. En contraste, el juez Robert L. Wilkins emitió un voto disidente al considerar que las autoridades migratorias no demostraron adecuadamente que la política no afectaría a personas que han residido en territorio estadounidense durante más de dos años.
La decisión representa un importante respaldo judicial a la política migratoria impulsada por la Casa Blanca y fortalece las facultades del Gobierno federal para ejecutar deportaciones de manera expedita.
La organización Make the Road New York, que impugnó la medida, sostiene que la ampliación de las deportaciones aceleradas vulnera garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso y los derechos de los inmigrantes. Sin embargo, el tribunal rechazó esos argumentos en esta etapa del proceso judicial.
