La Policía Cibernética apresó a diez personas señaladas por su presunta vinculación con estafas electrónicas y otros delitos de alta tecnología, durante operativos simultáneos realizados en varias provincias del país. Los arrestos fueron ejecutados mediante órdenes judiciales por agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM).
Los detenidos son Alberto Guillermo de Aza Ureña, Francisco Antonio Rodríguez Olivo, Ángel David Morales, Rosa Iris Céspedes, Hungría Santana, Martín Montero Peña, Luis Jovanny Sánchez Ramos, Jesús Manuel Marte Colón, Christopher Miguel Villalona Mendoza y Miguel José Sánchez Paula. Todos son investigados en expedientes independientes por su presunta participación en estafas electrónicas, accesos ilícitos a sistemas informáticos y transferencias fraudulentas de fondos.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados utilizaban distintas modalidades delictivas, entre ellas ataques de phishing, con los que obtenían credenciales bancarias de las víctimas para ingresar a sus cuentas y realizar transferencias no autorizadas. También se les atribuyen casos de suplantación de identidad, haciéndose pasar por representantes de entidades financieras para obtener códigos de seguridad, claves dinámicas y otros datos confidenciales.
Las pesquisas incluyen, además, fraudes cometidos a través de redes sociales, plataformas de compraventa y aplicaciones de mensajería, donde ofrecían falsos préstamos, supuestas ventas de vehículos importados y artículos tecnológicos. Tras recibir el dinero, los presuntos responsables cortaban toda comunicación sin entregar los bienes o servicios prometidos.
Los operativos fueron ejecutados en coordinación con el Ministerio Público, mediante órdenes emitidas por tribunales del Distrito Nacional, Santiago, Montecristi, San Juan de la Maguana, La Altagracia y Santo Domingo Oeste. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, mientras la Policía Nacional reafirmó su compromiso de fortalecer las investigaciones especializadas para combatir la ciberdelincuencia y proteger el patrimonio de la ciudadanía.
