La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó el decomiso de 111 bienes inmuebles en el marco de la causa Vialidad, en una decisión que impacta directamente a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
La medida forma parte de un proceso judicial orientado a recuperar fondos públicos vinculados a la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, cuyo monto asciende a $685,000 millones de pesos argentinos.
Previamente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 había ordenado el decomiso de 84 inmuebles pertenecientes al empresario Lázaro Báez, uno a nombre de Fernández de Kirchner, dos vinculados a la empresa Austral Construcciones y 19 correspondientes a Máximo y Florencia Kirchner, en calidad de herederos del expresidente Néstor Kirchner.
Argumentos de la defensa y fallo judicial
Los abogados de la exmandataria y sus hijos cuestionaron la medida al sostener que los bienes fueron adquiridos de forma legal, ya sea mediante herencia o por cesiones realizadas en 2016. Además, argumentaron que algunas propiedades fueron compradas antes de los hechos investigados, por lo que no podían considerarse de origen ilícito.
Sin embargo, los jueces rechazaron estos planteamientos de forma unánime. El tribunal consideró que exigir una reconstrucción financiera completa en un caso que se extendió por más de una década resultaría inviable y limitaría la efectividad del decomiso.
Avanza el proceso
Con esta decisión, la justicia argentina da un paso clave en la ejecución de bienes dentro de uno de los casos de corrupción más relevantes del país, en medio de un escenario político y judicial que sigue generando amplio debate público.
