El expresidente de Bolivia, Evo Morales, atraviesa una de las etapas judiciales más complejas desde su salida del poder en 2019, al enfrentar varias investigaciones por presuntos delitos que incluyen trata agravada de personas, sedición, terrorismo, fraude electoral y corrupción.
Actualmente, Morales permanece declarado en rebeldía por la Justicia boliviana y con órdenes de captura activas, mientras continúa refugiado en la región del Chapare, considerada su principal bastión político y sindical. Las autoridades lo acusan además de promover protestas y bloqueos que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos en distintas zonas del país.
Uno de los expedientes más delicados contra el exmandatario se desarrolla en Tarija, donde la Fiscalía sostiene que Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años mientras ejercía la Presidencia. Según la investigación, de ese vínculo nació una hija en 2016 y los padres de la menor habrían recibido beneficios políticos a cambio de permitir la relación. La Fiscalía solicita hasta 20 años de prisión por trata agravada de personas.
La Justicia boliviana abrió juicio oral en mayo de este año, pero Morales no acudió a las audiencias. Ante sus reiteradas ausencias, fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura, además de restricciones patrimoniales y migratorias. El exgobernante ha rechazado las acusaciones y asegura que se trata de una “persecución política” para impedir su regreso al escenario electoral.
A las investigaciones judiciales se suman las denuncias relacionadas con la crisis política de 2019, tras las cuestionadas elecciones presidenciales en Bolivia. Morales enfrenta procesos por presunta sedición y terrorismo debido a supuestos bloqueos y cercos promovidos luego de su salida del poder. Las autoridades sostienen que algunas de esas acciones buscaban generar presión política y alterar el orden interno del país.
Otra de las causas pendientes está vinculada al presunto fraude electoral de 2019, luego de que la Organización de los Estados Americanos detectara irregularidades en el sistema de conteo de votos y recomendara repetir los comicios. Morales siempre negó las acusaciones y afirmó que su renuncia se produjo tras un “golpe de Estado” impulsado por sectores opositores y militares.
Además de los procesos políticos y judiciales, el exmandatario boliviano también ha sido relacionado con investigaciones por presunta corrupción, tráfico de influencias y supuestos vínculos con estructuras ilegales durante sus casi 14 años de gobierno. Entre los casos más recordados figura el escándalo de Gabriela Zapata y las denuncias sobre irregularidades en el manejo del Fondo Indígena, así como cuestionamientos sobre el control del narcotráfico en la región del Chapare.
