Santo Domingo encabeza ampliamente las estadísticas nacionales con 10,583 lesionados por accidentes de tránsito en la República Dominicana, según los datos del Observatorio Permanente de Seguridad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
En comparación con otras demarcaciones, la cifra supera por amplio margen a provincias como La Vega, con 2,703 lesionados; Santiago, con 2,316; San Cristóbal, con 2,154; y La Altagracia, con 1,348.
En términos estadísticos, el promedio nacional es de 963 lesionados por provincia. Esto significa que Santo Domingo registra más de once veces esa media, una diferencia lo suficientemente amplia para evidenciar que la distribución de los lesionados no ocurre de manera uniforme en el territorio nacional.
Las grandes concentraciones urbanas parecen actuar como escenarios donde convergen múltiples factores: una mayor densidad poblacional, un elevado flujo vehicular, el crecimiento constante del parque automotor, la alta circulación de motocicletas y una movilidad diaria cada vez más intensa por motivos laborales, académicos y comerciales.
Sin embargo, atribuir el fenómeno únicamente al tamaño de la población sería una explicación incompleta.
LOS JÓVENES
Los datos muestran un patrón que merece especial atención. El grupo de personas entre 20 y 29 años registra 9,981 lesionados, equivalentes al 32.4 % del total nacional. En otras palabras, prácticamente uno de cada tres lesionados pertenece a ese rango de edad.
Le siguen las personas de 30 a 39 años, con 6,383 casos, mientras que el grupo de 10 a 19 años acumula 5,047 lesionados. La tendencia dibuja una curva clara: los accidentes y las lesiones se concentran principalmente en la etapa más activa de la vida productiva.
Se trata de una población que suele presentar mayores niveles de movilidad por razones laborales, académicas y sociales. También coincide con edades en las que aumenta el uso de motocicletas y vehículos particulares, además de una mayor exposición al tránsito nocturno y a desplazamientos frecuentes.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Más allá de las cifras, el comportamiento de los datos plantea una interrogante de superior alcance. Si la mayor cantidad de lesionados corresponde precisamente a la población que sostiene buena parte de la actividad económica del país, el impacto trasciende el ámbito sanitario y alcanza dimensiones económicas y sociales.
Cada lesión representa, en mayor o menor medida, interrupciones laborales, gastos médicos, pérdidas de productividad, afectaciones familiares y una mayor presión sobre los servicios de salud. Cuando estos eventos se concentran de manera reiterada en personas jóvenes y en edad productiva, las consecuencias pueden extenderse durante años.
El análisis adquiere aún mayor relevancia en un contexto en el que la República Dominicana experimenta una transformación demográfica. Las proyecciones oficiales muestran una reducción de la natalidad y un aumento sostenido de la esperanza de vida, lo que se traducirá en una población cada vez más envejecida durante las próximas décadas.
En ese escenario, proteger a la población joven deja de ser únicamente un desafío de seguridad vial para convertirse también en un elemento vinculado al desarrollo económico y a la sostenibilidad futura del país. Una disminución de la fuerza laboral disponible, producto de lesiones incapacitantes o secuelas permanentes derivadas de accidentes, podría generar presiones adicionales sobre los sistemas de protección social y de pensiones.
PROVINCIAS CON MENOS LESIONADOS
En contraposición, las provincias con menores niveles de lesionados también ayudan a comprender el comportamiento nacional. El Seibo registró 52 casos; Independencia, 71; Bahoruco, 118; Dajabón, 119; y Pedernales, 127.
Las diferencias entre estas demarcaciones y las provincias con mayor concentración poblacional reflejan un comportamiento desigual del fenómeno vial dominicano y evidencian que existen territorios donde el riesgo resulta considerablemente mayor.
FALLECIDOS POR VEHÍCULOS
Los fallecimientos por tipo de vehículo reflejan que las motocicletas concentran la mayor proporción de víctimas, con un 32.9 % del total de casos registrados.
Los automóviles ocupan el segundo lugar, con un 20.9 % de los fallecidos, seguidos por los vehículos de carga, que representan un 15.3 %.
Las jeepetas registran un 10.8 % de las muertes, mientras que las camionetas alcanzan un 5.4 %.
En menor proporción se encuentran los minibuses, con un 1.6 %; los autobuses, con un 1.0 %, y los microbuses, con un 0.5 %.
Las bicicletas no registran fallecimientos dentro de estos datos, mientras que la categoría de otros tipos de vehículos representa un 11.5 %.
POLÍTICAS PÚBLICAS
La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿el país está observando únicamente las consecuencias de los accidentes o también está identificando las señales que los anteceden?
La discusión sobre seguridad vial suele concentrarse en el número de lesionados y fallecidos que deja cada año. Sin embargo, las estadísticas también permiten identificar patrones que pueden servir para anticipar escenarios de riesgo y orientar acciones preventivas.
Conocer dónde se concentran los accidentes, cuáles grupos de edad resultan más afectados y qué características comparten las zonas con mayor incidencia constituye una herramienta para fortalecer la planificación pública, focalizar campañas educativas, reforzar la vigilancia en corredores de alto riesgo y orientar inversiones en infraestructura vial.
Los datos también ofrecen insumos para las universidades, los centros de investigación y los organismos responsables de formular políticas públicas, al facilitar estudios sobre movilidad, comportamiento de los conductores, crecimiento urbano y factores asociados a la siniestralidad.
Más que contabilizar lesionados al finalizar cada año, el desafío consiste en comprender los patrones que revelan las estadísticas. Identificar dónde ocurre el mayor riesgo, quiénes resultan más afectados y cuáles factores intervienen en esa realidad permitirá avanzar hacia decisiones preventivas basadas en evidencia.
Las cifras del Intrant muestran que detrás de cada accidente existe información valiosa para actuar antes de que ocurra el siguiente. Convertir esos datos en políticas públicas, educación vial e intervenciones focalizadas podría contribuir no solo a reducir el número de lesionados, sino también a proteger el capital humano que sostendrá el crecimiento económico y el bienestar social de la República Dominicana durante las próximas décadas.
