El Senado de la República autorizó al Poder Ejecutivo tomar un préstamo por unos 11,600 millones de pesos (200 millones de dólares), los cuales serán destinados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
De acuerdo al Gobierno, el objetivo de este empréstito es contribuir a la movilidad segura en el país, mejorar la seguridad vial en entornos escolares y fortalecer la gestión, fiscalización, educación y atención a víctimas en factores relevantes para la seguridad vial; esto se ejecutará a través del Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial.
¿Cómo será ejecutado el dinero?
El proyecto contempla tres ejes principales que abarca la construcción de infraestructuras, la intervención de puntos críticos en distintas carreteras, programas de educación vial, la puesta en marcha de la licencia por puntos, entre otros.
Según detalla el documento 139 millones de dólares (63.4%) se enfoca en la intervención de puntos críticos en corredores troncales.
Esto financiará el levantamiento de información y elaboración de diseños técnicos definitivos basados en la metodología iRAP (Programa Internacional de Evaluación de Carreteras) y la intervención de puntos críticos en la Carretera Sánchez, en la Autopista de las Américas, la Autovía del Este y en la Autopista del Nordeste.
Esto estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas, el cual realizará cambios de rasante o peraltes, diseño universal, rehabilitación de pavimento, señalización horizontal y vertical, y cierre de cruces informales a las referidas vías.
Entornos escolares seguros
Unos 20 millones de dólares estarán destinados a mejorar la seguridad vial en los entornos escolares. La iniciativa prevé impactar 286 centros educativos en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, mediante intervenciones de infraestructura de alto impacto.
Estas incluyen la construcción de paraderos, adecuación de espacios públicos con accesibilidad universal, mejoramiento de pavimentos, instalación de reductores de velocidad, señalización y rampas de accesibilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad para peatones y usuarios de bicicleta en las áreas cercanas a los centros educativos.
Asimismo, el proyecto apoyará la realización de estudios técnicos, recopilación de datos, análisis de alternativas y diseños definitivos para las soluciones propuestas. Para estas intervenciones se promoverán esquemas de contratación inclusivos de pequeñas y medianas empresas que sean lideradas por mujeres.
Otros 35 millones de dólares servirán para financiar las acciones prioritarias con impacto en la siniestralidad, esta se divide en tres sub áreas que incluyen:
US$20 millones que se distribuirán en la gestión, monitoreo y control de tránsito, el cual abarca la consolidación del Registro Nacional de Motocicletas, la implementación del Sistema Integral de Control y Monitoreo de Velocidad (Sicmov) y del Centro de Control de la Movilidad, así como también soluciones tecnológicas para modernizar la gestión operativa del Intrant en juzgados y centros de expedición de licencias.
US$9.2 millones serán destinados al fortalecimiento institucional, normativo y educativo enfocado a la movilidad segura, con normas complementarias a la Ley 63-17, al fortalecimiento del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), programas de educación vial en centros educativos junto al Ministerio de Educación y campañas de cambio de comportamiento con enfoque de género.
Mientras que US$5.5 millones serán para fortalecer la red de servicios de salud para la atención a víctimas de siniestros, la dotación de equipamiento en unidades de emergencia y ambulancias en zonas priorizadas de alta siniestralidad; capacitación, cursos y entrenamientos para personal de salud, con enfoque en atención de emergencias, entre otros.
Administración y otros gastos
Con los seis millones de dólares restantes, el Gobierno proyecta financiar los gastos operativos y administrativos, incluyendo coordinación de la ejecución, personal de las unidades ejecutoras dedicado al programa, auditorías, evaluaciones, entre otros.
