Un juez federal del distrito de Miami sentenció a un fugitivo a 87 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, por su papel en una conspiración multimillonaria para cometer lavado de dinero. El juez también le ordenó pagar $3,709,860 en restitución.
El hombre se encontraba fugitivo en República Dominicana intentando abrir negocios en el país, según detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se trata de Julio Arsenio Rodríguez de 62 años de edad, residente en Hialeah, Florida, quien, de agosto 2020 a agosto 2022, conspiró con una red de clínicas del sur de Florida para presentar millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medicare y Medicaid por equipos médicos duraderos (DME, por sus siglas en inglés) que eran médicamente innecesarios y que no se proporcionaron a los pacientes.
Además, Rodríguez se desempeñó como propietario legal y agente registrado de varias compañías ficticias que utilizó para lavar esas ganancias de fraude de atención médica.
En marzo de 2023, Rodríguez no se presentó a una llamada de calendario y un juez federal emitió una orden de arresto en su contra. Ocho meses después, las autoridades se enteraron que Rodríguez se encontraba en la República Dominicana.
En noviembre de 2023, Rodríguez se entregó a las autoridades de Estados Unidos y regresó a Miami para enfrentar cargos por la conspiración de lavado de dinero. Rodríguez se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en enero.
La condena contra Rodríguez fue emitida el pasado miércoles 22 de marzo en una corte federal de Distrito Sur de La Florida.
El FBI Miami, el HHS-OIG Miami y la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid (MFCU) de la Oficina del Fiscal General de Florida investigaron el caso.
La Oficina de Operaciones Internacionales (OIO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Oficina de Campo en el Exterior de la República Dominicana (DRFFO, por sus siglas en inglés) y el Equipo de Investigación Financiera de la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) brindaron una valiosa asistencia para asegurar el arresto y la deportación de Rodríguez a los Estados Unidos.
El fiscal federal adjunto especial Marc Canzio procesó el caso. El fiscal federal adjunto Marx Calderón se encargó de la confiscación de bienes.
