La Suprema Corte de Justicia, el pasado martes, acogió la acusación del Ministerio Público contra la diputada del PRM por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos provenientes del narcotráfico resultando condenada a 5 años de prisión.
Pero para llegar a esta sentencia fue todo un proceso que inició en junio de 2019 y lleno de retos dada la enorme influencia y poder que tenía la legisladora y su esposo Micky López, también acusado, en La Vega, como lo declaró la fiscal titular de esa provincia, Aura Luz García, en una entrevista exclusiva que concedió al equipo de N Investiga hace menos de un año.
Incluso esta semana, el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, salió en defensa de la congresista, alegando que podrían ser usureros y evasores, pero no narcotraficantes.
En un trabajo del programa N Investiga, conocieron un poco más la sentencia que explica cómo la congresista habría lavado más de 4 mil millones de pesos.
Reacción de la diputada ante la condena
Tras su condena a 5 años de prisión en la cárcel Rafey Mujeres, la diputada Rosa Amalia Pilarte expresó no estar de acuerdo e indicó que lo dejarían en manos de los abogados. ‘’Solo decimos que somos inocentes’’, alegó Pilarte.
Pilarte también fue sentenciada al pago de 200 salarios mínimos y el decomiso de 14 bienes e inmuebles que en total ocupan un área de casi 700 mil metros cuadrados ubicados en La Vega y Jarabacoa.
La acusación también involucra a todo su seno familiar, su esposo, el empresario Miguel Arturo López Florencio, con quien tiene dos hijos: Miguel Arturo López Pilarte, y José Miguel López Pilarte, actual regidor del PRM, quienes, según el Ministerio Público, exhiben una fortuna y un patrimonio muy difícil de sustentar.
Proceso judicial ante la sentencia
Todo inició el 29 de junio de 2020, cuando la Fiscalía de La Vega y la Dirección Central de Antinarcóticos (Dican) allanaron una vivienda, en el Residencial Don Pedro, donde operaba un centro de elaboración, almacenamiento y despacho de drogas y se confiscaron 90,525 pastillas de metilenodioxianfetamina y 21,197 pastillas de anfetaminas.
En medio de este proceso donde su esposo e hijos son acusados, surge la repentina candidatura de Rosa Amalia Pilarte como diputada, resultando no solo electa sino la segunda más votada de las elecciones de 2020.
En 2021 ya se habían presentado los lujosos bienes de la familia López Pilarte en N Investiga.
Dos helicópteros matricula H100408 Modelo BELL con franjas verdes y otro de la marca EuroCopter modelo S130b4 color negro, y registrados a nombre de la empresa Gloria Yvette, la cual no registra ninguna actividad social desde 2018, así como objetos de alto valor decomisados en la suntuosa residencia donde viven, como decenas de llaves de vehículos Ferrari, Porsche, McLaren, Chevrolet Tahoe, Range Rover, Land Rover, Lexus, así como caros relojes Invicta, Hublot, además de jetski y botes.
El 2 de agosto de 2023 depositaron formalmente el expediente contra la diputada Pilarte ante la Suprema Corte de Justicia dado el privilegio de jurisdicción y se le acusa de colocar y movilizar a través del sistema financiero nacional más de 4 mil millones de pesos mediante las empresas Auto Crédito Selecto SRL, Servi Crédito Selecto SRL, Inmobiliaria Gloria Ivette y Agropecuaria Gloria Ivette. Todas fantasmas, pues no tienen domicilios físicos reales y manejan sumas millonarias.
La acusación estableció que solo en una cuenta abierta en agosto de 2011 y cerrada en mayo de 2014 se colocaron más de 319 millones de pesos.
En otra cuenta abierta en julio de 1998 y cerrada en diciembre de 2009, fueron colocados en efectivo más de 2,049 millones de pesos. Pocos días después de la acusación formal, el PRM emite una resolución en la que rechaza la precandidatura de Pilarte pese a que no había sido condenada.
Dos meses después, en octubre de 2023, la congresista es enviada a juicio de fondo. Pero para lograrlo, fue una odisea, debido a que además de dinero, contaba con la dicha de que el sistema judicial de La Vega era muy benevolente al aplazar el proceso en numerosas ocasiones y sin justificaciones, por lo que el Ministerio Público de La Vega solicitó a la Suprema Corte de Justicia la declinatoria sobre el caso y trasladarlo a otra jurisdicción, como nos explicó la fiscal titular de La Vega.
Aura Luz García, fiscal titular de La Vega, tras ser cuestionada por el motivo que llevó a que solicitaran el traslado del caso a la capital por una serie de inconvenientes, aseguró que mientras más alto es el perfil del imputado, más difícil se hacen los trámites de la investigación.
”En este caso encontramos algunos. Lo primero es que la juez, después que decidió de la medida de coerción, rechazó la tramitación de caso complejo. Se inhibe, es decir, que ya no tenía juez para hacer las solicitudes. La Corte acogió esa inhibición y designa un segundo juez que también se inhibió”, alegó García.
La fiscal añadió que recurrieron a esa decisión, pero el detonante para solicitar la declinatoria por seguridad jurídica que fue rechazada en la Suprema Corte de Justicia, es que el juez decidió la extinción de la acción penal de las empresas que en ese momento no se había solicitado ni siquiera medida de coerción ni estaban imputadas en el proceso.
”Para nosotros, cuando recibimos esa notificación de extinción de la acción fue como un balde de agua fría”, aseguró.
García también cuestiona el avance del proceso que se sigue en el tribunal ordinario contra el esposo y los hijos de la diputada desde 2020, debido a que a más de tres años de iniciado ni siquiera concluyeron la parte preliminar y, al igual que en el caso de la diputada, los jueces han dispuesto numerosos aplazamientos.
Amenazas hacia la procuradora fiscal titular de La Vega
Aura Luz García expresó que la amenazaron por el caso de la congresista, ”en este caso en particular he recibido información de que se va a hacer daño a mi familia. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de hacerlo cuando corresponda. Es igual que decir a un bombero que le tiene miedo al fuego, eso no puede ser”, sostuvo.
Pilarte asegura apelará la sentencia
El abogado de Rosa Amalia Pilarte indicó que apelarán la decisión de la Suprema Corte de Justicia y aseguró que la sentencia no es ejecutoria. ”No estamos de acuerdo con este fallo, porque el Ministerio Público no estableció ninguna prueba sobre ningún delito”, señaló.
Sin embargo, la sentencia establece que “a partir de la valoración realizada a las pruebas, esta Segunda Sala ha logrado extraer una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios” y destaca la “disparidad” entre los ingresos y los montos movilizados por la congresista.
Entre las pruebas que evidencian los grandes movimientos de dinero de la congresista señaladas en el expediente, está una solicitud de certificación de una simulación de inscripción de hipoteca definitiva por un crédito otorgado a la sociedad Pollos Veganos, C. x A., por dos millones de dólares en diciembre del 2014.
Y, como si esto fuera poco, tenía unos 7 certificados financieros registrados solo entre 2008 y 2017 por un valor total de 13 millones 233 mil 990 pesos. También presenta más de mil transacciones en efectivo por montos millonarios entre los años 2006 y 2017.
