La ejecución del joven deportista Saleh Mohammadi, de apenas 19 años, ha generado una ola de condena por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian graves violaciones al debido proceso en Irán.
Según los reportes, el atleta fue detenido durante las protestas registradas en enero contra el gobierno iraní. Posteriormente, habría sido sometido a torturas antes de ser finalmente ejecutado por ahorcamiento, tras ser acusado de “declarar la guerra a Alá”, un delito considerado capital dentro del sistema judicial del país.
Diversas organizaciones humanitarias aseguran que Mohammadi fue condenado luego de negarse a confesar los cargos que se le imputaban. Estas entidades sostienen que el proceso careció de garantías básicas, señalando que el joven habría sido presionado para admitir una acusación que rechazaba.
El caso también involucra a otras dos personas que fueron ejecutadas junto al deportista, quienes, de acuerdo con las denuncias, fueron arrestadas en el mismo contexto de represión contra manifestantes.
Activistas y organismos internacionales han reiterado su preocupación por el uso de la pena de muerte en Irán, especialmente en casos vinculados a protestas sociales, donde —afirman— se criminaliza la disidencia.
La muerte de Saleh Mohammadi ha reavivado el debate global sobre los derechos humanos en la nación asiática y ha provocado llamados urgentes a la comunidad internacional para que se investiguen estos hechos y se exijan responsabilidades.
