Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha comparecido este martes ante la Fiscalía Europea en su sede de Madrid para negar haber hablado con ningún miembro del Ejecutivo sobre los contratos públicos adjudicados a las compañías del empresario Juan Carlos Barrabés.
Uno de los puntos más llamativos de la declaración ha girado en torno a las cartas de apoyo firmadas por Gómez que figuran en los expedientes de adjudicación. Sobre ellas, ha manifestado que «no recordaba haberlas firmado hasta que aparecieron en prensa». Añadió, además, que tampoco tenía constancia de si finalmente la UTE se presentó al concurso ni de si esas misivas llegaron a ser aportadas al expediente. Una suerte de desmemoria que los investigadores analizarán.
La declaración, que ha durado aproximadamente 20 minutos, ha sido breve pero sustancial: Begoña Gómez ha rechazado cualquier vinculación personal con el empresario y ha asegurado que su trato era «únicamente profesional», no de amigos, desmontando así la tesis de una posible influencia indebida en las licitaciones investigadas.
Entonces secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas; el director general de Red.es David Cierco; y su posterior sucesor en el cargo, Alberto Martínez Lacambra. La primera dama ha negado haber hablado de los contratos con ninguno de ellos, ni siquiera con el propio Barrabés o con el presidente del Gobierno.
La esposa de Sánchez también ha declarado que no conoce de nada a Luis Prieto, empresario y director de Economía Digital de Red.es, ni a José Ignacio Sánchez Valdenebro. Su posición ha sido consistente: ningún vínculo personal, ninguna conversación sobre las licitaciones.
Begoña Gómez ha negado igualmente que Barrabés se jactase de su cercanía o de una supuesta amistad con la esposa del presidente para ejercer influencia en Red.es.
Antecedentes del caso
El origen de esta investigación se remonta a abril de 2024, cuando la Fiscalía Europea remitió una carta al juez Juan Carlos Peinado —quien también investiga a Gómez en sede nacional— solicitando «a la mayor brevedad» toda la información relativa a los expedientes financiados con fondos europeos. Desde entonces han transcurrido dos años, durante los cuales únicamente había declarado Barrabés ante los fiscales comunitarios, en calidad de investigado.
En septiembre de 2025, la Fiscalía recibió un extenso informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre dichos expedientes. Para esclarecer si hubo irregularidades, el organismo ya habría citado como testigos a otros firmantes de cartas de apoyo idénticas a las de Gómez.
Barrabés fue profesor en el máster de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Según ha declarado este martes, si tuvo reuniones con él fue siempre «en el marco de la cátedra extraordinaria» y como parte de sus obligaciones académicas, al igual que con los otros seis docentes que impartieron clase en el programa.
La comparecencia de este martes cierra, al menos provisionalmente, uno de los capítulos más esperados de una investigación que lleva dos años avanzando a trámite lento. La Fiscalía Europea tiene ahora sobre la mesa las versiones de los dos protagonistas principales: Barrabés, que declaró como investigado, y Begoña Gómez, que lo ha hecho como testigo.
Lo que los fiscales deben determinar es si las cartas firmadas por Begoña Gómez, que ella misma asegura no recordar, fueron decisivas para orientar unas adjudicaciones millonarias hacia el empresario de su entorno profesional. La respuesta a esa pregunta, que lleva dos años pendiente, puede tardar aún en llegar. Pero por primera vez, la pieza central del puzzle ha hablado.
