Ecuador fue noticia a nivel internacional en enero por varios eventos que se dieron en medio de la crisis de violencia que afecta al país desde hace algunos años, ya que la nación pasó de ser una de las más seguras de Suramérica – al término del gobierno del izquierdista Rafael Correa–, a una de las más peligrosas tras varias administraciones de corte conservador.
El pasado 7 de enero se conoció la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la banda criminal Los Choneros y que ha sido vinculado al mexicano Cártel de Sinaloa, quien escapó de la Cárcel Regional, en la provincia de Guayas, en donde se encontraba.
Al día siguiente, decenas de presos tomaron como rehenes a guías penitenciarios y otros trabajadores de las prisiones. Esa misma jornada el presidente del país, Daniel Noboa, decretó estado de excepción en la nación andina por un período de 60 días.
Pero el 9 de enero, ocurrió el hecho que más llamó la atención: delincuentes entraron a las instalaciones del canal TC Televisión, en Guayaquil, cuya toma de rehenes se pudo ver en directo. Ese día, el mandatario emitió un decreto para declarar la existencia de un “conflicto armado interno” en Ecuador, identificando a 22 bandas como “terroristas” y ordenando a las Fuerzas Armadas operativos en su contra.
Desde entonces, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han realizado diversos operativos en las calles y cárceles del país; pero esa situación que conmocionó a Ecuador y puso en los ojos del mundo al país andino semanas atrás parece, o da la sensación, de haberse desvanecido con los días.
“En efecto, se ha producido una reacción muy evidente: la ‘guerra interna’ ha obligado a una retirada estratégica de los grupos terroristas, así catalogados por el Gobierno. Hay avances importantes, como el control de todas las cárceles gracias a la participación de las fuerzas armadas, el descubrimiento de túneles, armas, explosivos; la captura de varias toneladas de droga; la detención de delincuentes; la incursión sobre diversas propiedades. Eso ha dado temporal tranquilidad a la ciudadanía y creció el apoyo al presidente Daniel Noboa por este combate”, opina el analista político e historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño.
Según el más reciente reporte de la Presidencia, entre el 9 de enero y el 4 de febrero, se han detenido a 5.804 personas, de las cuales 237 son acusadas de terrorismo, es decir, que tendrían alguna vinculación con algunas de esas 22 bandas. Asimismo, fueron abatidos seis presuntos terroristas y liberados los 201 funcionarios penitenciarios que se encontraban como rehenes.
Según dijo Freddy Sarzosa, director general de investigaciones de la Policía Nacional, en entrevista con Teleamazonas, en el país también se ha evidenciado una reducción del 56 % en homicidios intencionales.
Sin embargo, Paz y Miño señala que “también es evidente que las acciones militares y policiales se han concentrado en niveles populares” y “aún no se impulsan una serie de acciones que permitan la coordinación internacional con países vecinos y otros con los cuales conviene hacerlo”.
El analista considera que no se ha tocado un asunto medular para el combate del crimen organizado: la investigación de flujos de dinero en el sector financiero “para detectar riquezas mal habidas” y la depuración de las instituciones del Estado.
Del mismo modo, el analista considera que no se ha tocado un asunto medular para el combate del crimen organizado: la investigación de flujos de dinero en el sector financiero “para detectar riquezas mal habidas e igual en otros sectores económicos como la construcción” y la depuración de la policía y las instituciones.
Para el analista, en consecuencia, “hay un camino de largo plazo, en el cual existe el riesgo de reacción criminal“.
Otras medidas del Gobierno
Por otro lado, apenas dos días después de declarar el conflicto armado interno, Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con la intención de aumentar el Impuesto al Valor Agregado del 12 al 15 % y cuyo objetivo, según el Ejecutivo, es contar con los fondos para financiar la guerra contra la criminalidad.
El documento aún se debate en el Parlamento y ante la negativa de varias bancadas de hacer semejante incremento del IVA, considerándola una acción “regresiva”, el mandatario cambió su propuesta inicial y planteó una suba de un punto porcentual permanentemente, hasta 13 %, y otros dos puntos de manera temporal, llegando al 15 % solo durante 18 meses.
Sumado a ello, Noboa ha insistido en su plan de llevar a cabo una consulta popular, sobre la cual ya la Corte Constitucional (CC) se pronunció a favor de 10 de las 20 preguntas que propuso para ese referéndum.
“Es el elemento político del asunto. La ‘guerra interna’ legitima al gobierno de Daniel Noboa y crea un espacio muy favorable para su propuesta de consulta popular, e igualmente para las iniciativas de medidas económicas que van más lejos de la coyuntura, ya que dan a entender que se continuará con el modelo de economía empresarial-neoliberal“, explica Paz y Miño al respecto.
Agrega que la Asamblea Nacional, que tiene que aprobar las nuevas leyes, “está sometida a la presión de la coyuntura por el asunto de la guerra”, por lo que el Gobierno ha aprovechado el ambiente para decir que el incremento del IVA no puede rechazarse.
Paz y Miño señala que mientras el Ejecutivo plantea la imposición de este tipo de impuestos regresivos para toda la población, ha rechazado en paralelo otras opciones económicas que permitan pechar proporcionalmente a los sectores más pudientes.
“No hay, hasta el momento, por ejemplo, un solo paso que permita prever que se cobrarán más de 3.000 millones de dólares de deudas tributarias” o “que se imponga, como se ha señalado en el país, un fuerte impuesto a los bancos, que han acumulado ganancias inéditas en los últimos siete años”.
La decisión sorprende a pocos, en vista que de Noboa proviene de una de las familias más acaudaladas de Ecuador y tiene importantes conexiones con los sectores económicos, especialmente en el ramo de la exportación de banano.
Se afianza la relación con EE.UU.
En paralelo, durante las últimas semanas se ha visto el afianzamiento de la relación entre Ecuador y EE.UU., país que inmediatamente ofreció su ayuda para enfrentar a los grupos “narcoterroristas” en la nación andina.
Aunque la propuesta de cooperación en materia de seguridad surgió también de otros países, como Brasil, Colombia y Venezuela, la preferencia de Noboa se decantó especialmente por Washington. Y las razones son varias.
Paz y Miño considera fundamental que se coordinen acciones entre los países latinoamericanos para enfrentar el problema de la violencia en la región, por el crecimiento de la delincuencia y el narcotráfico, al tiempo que estima que EE.UU. puede “ayudar” en esa empresa.
No obstante, considera que en esto hay una dimensión histórica no visibilizada. “La experiencia de las relaciones de América Latina con los EE.UU. implica que la colaboración y ayuda que pueda brindarnos debe ser observada con lupa, porque esta potencia siempre se guía por sus propias geoestrategias mundiales y sus intereses de hegemonía económica, que se subordinan a su seguridad nacional y al americanismo monroísta”, añade.
Uno de los hechos más relevantes de esta relación fue la visita a Quito de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de EE.UU., quien fue recibida por Noboa el pasado 22 de enero y, luego sostuvo encuentros con otras altas autoridades ecuatorianas.
La funcionaria estadounidense señaló que su país tenía un “plan de cinco años” en materia de seguridad para Ecuador; y detalló que solo para el año fiscal 2024 desarrollarán “un total de 124 actividades planificadas”, sin entrar en demasiados detalles.
El Gobierno de Noboa, además, está a punto de ratificar dos acuerdos en materia de seguridad que la administración anterior, de Guillermo Lasso, firmó con EE.UU. La CC resolvió que no requieren la aprobación de la Asamblea Nacional y con ello dio vía libre al actual mandatario para que, de acuerdo a la ley, los active.
Paz y Miño cataloga estos acuerdos de “lesivos” e indica que ahora “adquieren importancia y presencia, aprovechándose del necesario combate al fenómeno de la delincuencia transnacional”. Para el analista, la CC actuó en “forma cuestionable” y ahora la responsabilidad sobre este tema está en manos del presidente Noboa.
“La visita de la comandante del Comando Sur y de altos funcionarios norteamericanos permite observar que aquellos acuerdos están en proceso de ejecución. Lo único que cabe esperar es que no suframos experiencias como la del ‘Plan Colombia’, aunque las circunstancias históricas con Ecuador son distintas”, enfatizó.
Por otra parte, Ecuador ha aprovechado el afianzamiento de esta relación y la coyuntura en el país para solicitar a EE.UU. la aprobación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), destinado a los connacionales no regularizados en ese país.
La canciller, Gabriela Sommerfeld, admitió que si bien el TPS fue una promesa de campaña de Noboa, una de las condiciones para poder cumplirla era “declarar justamente un estado de un conflicto armado no internacional”, como el que tiene ahora Ecuador.
“Los acuerdos que se logren sobre emigración llegan a ser parches insuficientes si la población no tiene mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo”, opina Paz y Miño, que indica que la nueva ola de emigración de ecuatorianos, cuyas remesas pasaron a sostener a miles de familias, fue provocada por la economía empresarial-neoliberal revivida desde 2017.
“Cubrir apariencias”
En toda esta situación por la que atraviesa Ecuador, Paz y Miño insiste en que “hay una dimensión histórica que no se advierte en el ambiente general” y es que justamente ese tipo de modelo empresarial-neoliberal, que se retomó con Lenín Moreno (2017-2021) y se consolidó con Lasso (2021-2023), “no tiene soluciones para la sociedad nacional”.
A juicio del analista, ese modelo “reproduce la polarización entre ricos y pobres, ahonda la lucha de clases, desarticula capacidades del Estado, afecta inversiones, bienes y servicios públicos, reproduce el desempleo y el subempleo –que llega al 70% de la población activa–, y privilegia a las élites del poder económico”.
Entonces, continúa, “si no se cambia ese modelo de economía, cualquier solución no pasa de ser temporal y de cubrir las apariencias”. Por eso, el pronóstico para la anhelada pacificación, de momento, es reservado.
