En un reportaje especial, a propósito de que mañana domingo 8 de junio se cumplen dos meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que dejó 236 muertos y casi 200 heridos. Mientras avanza lentamente el proceso judicial, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes enfrentan día a día las secuelas físicas, emocionales y económicas del suceso.
Esta semana, una comisión interinstitucional del Gobierno, coordinada por el programa Supérate, ofreció una rueda de prensa para informar sobre la implementación del protocolo de atención a las víctimas. El plan incluye un “Bono Emergencia”, destinado a mitigar las consecuencias inmediatas del desastre. Para conocer cómo marcha esta asistencia, conversamos con algunas de las personas afectadas, así como con las autoridades a cargo del protocolo sociofamiliar.
El pasado 22 de abril, tres semanas después de la tragedia, el Gobierno presentó un protocolo de intervención liderado por Supérate e integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de Niñez y Adolescencia, CONANI y el SIUBEN. Este protocolo contempla atención médica, psicológica, social y económica para las víctimas y sus familias.
Durante la rueda de prensa, Gloria Reyes, directora de Supérate, anunció: “Con relación a la reparación económica, el Bono de Emergencia: Supérate otorgará 30 mil pesos mensuales por seis meses, previo a la evaluación de la ficha básica de emergencia FIBE que ha estado levantando el SIUBEN”.
Hasta ahora, solo 232 hogares han sido identificados como posibles beneficiarios. De ellos, apenas 90 recibirán el desembolso la próxima semana, dentro de un fondo total superior a los 16 millones de pesos.
La burocracia ha ralentizado el proceso. Según Violeta Quezada, directora de Género y Cuidados de Supérate: “Hay que recordar que para el Estado hacer desembolsos, aunque sean de emergencia, tiene que cumplir con ciertos requisitos para que, en la posteridad, cuando los mismos medios cuestionen al Estado, pueda evidenciar con bastante sustento dónde estuvo ese gasto y en qué condiciones”.
Para identificar a los beneficiarios, se utilizaron listas del INACIF y la Junta Central Electoral. De los 236 hogares reconocidos, solo faltan cuatro por visitar. Además, la ayuda no se limita a los familiares de los fallecidos, como aclara Quezada: “Inicialmente ese fue el primer empuje que nos llevó, ¿verdad? Porque en ese momento se hablaba de fallecidos, de fallecidos, pero a través de las líneas que Supérate ha puesto en circulación en sus redes sociales, se nos han acercado y hemos visitado ya 58 personas sobrevivientes”.
El SIUBEN también ha identificado a 20 personas que ya recibían subsidios del Estado.
“Ha habido empleados de otra categoría, como le llamo yo —digamos, conserjes, personas que hacían labores de bajo perfil dentro del establecimiento— pero eso no son la mayoría. Los que nos han llegado no han sido necesariamente empleados del Jet Set, aunque también han llegado y presentan gran vulnerabilidad”, dijo Quezada
HISTORIAS DE SOBREVIVENCIA:
Entre los beneficiarios se encuentra Pamela Montoya, una colombiana de 32 años, quien vino al país por tres días y terminó atrapada en una pesadilla de la que aún no ha despertado. Su novio y tres amigos murieron en el desplome. Ella sufrió fracturas múltiples.
“Tuve una fractura de tibia y peroné y una fisura en tres huesos de la pelvis… eso me impedía caminar, pero sí voy a caminar, si sigo con reposo”.
Debido a su condición, no ha podido regresar a su país, donde trabaja en una aseguradora.
“La verdad yo no sé qué hubiéramos hecho si no nos hubiera ayudado Supérate. Somos una familia numerosa, pero no adinerada. Sin esa ayuda, sinceramente, no sé dónde estaríamos”.
Pamela vino al país a un baby shower por tres días, luego del desplome fue trasladada a Azua donde vive la familia de su novio fallecido y luego al Hospital de la Policía.
Pero la historia de Jennifer Tavera, estudiante de psicología de 24 años, única herida que todavía sigue ingresada, es otra. No ha recibido visitas presenciales del equipo de Supérate. La asistencia fue limitada a llamadas y mensajes. Tiene ocho fracturas en la pierna izquierda y un sistema VAC para drenar líquidos.
“Mi hermano ha propuesto que vengan acá a hacer el levantamiento, la evaluación, y no han querido. Dicen que enviemos documentación por WhatsApp, y como no es seguro, no han venido”.
La falta de respuesta por parte del seguro Senasa obligó a su familia a denunciar públicamente. Solo entonces recibió los insumos necesarios para su tratamiento.
“Estaba muy desesperada porque sentía que el líquido se estaba acumulando. Tenía un olor diferente y eso me asustó mucho… tratamos de agotar todas las posibilidades antes de tener que comprar, porque son muy costosos”.
El día de la denuncia, Senasa acudió en persona a entregarle el material y le prometieron cubrir cualquier otra eventualidad. Aun así, la carga económica es enorme.
“A pesar de que el seguro ha cubierto, ha habido gastos enormes que no podría decirte exactamente por dónde van”.
Y es que esta tragedia ha implicado una fuerte carga económica, que sería aliviada con el subsidio de 30 mil pesos, sobre todo para los numerosos estudios y analíticas a los que se tiene que someter constantemente, y que con recaudaciones de familiares, al igual que una silla de rueda donada por un particular.
Otra sobreviviente, Aracelis Santana Marte, ha recibido cuatro visitas de Supérate, pero aún no ve llegar el subsidio. Con seis costillas fracturadas, ha gastado todos sus ahorros.
“Ellos evalúan de qué uno vive. Yo les dije que no tengo trabajo, que estoy viviendo de mis pequeños ahorros, que ya se acabaron… me chocó mucho oír a la señora Gloria decir que los fondos se están suministrando”.
“Me hice una resonancia en la clínica Abreu y el golpe me causó un derrame pleural. Ya he gastado más de 300 mil pesos. Es mi caso, pero hay muchos otros que no pueden ni comprar una pastilla”, comunicó Aracelis Santana.
Asegurada de forma privada, sus medicinas no están cubiertas. Debe pagar a una persona que la asista a diario. Y se pregunta:
“Que el Gobierno quiera dar una mano amiga, es otra cosa. Pero Antonio Espaillat es quien tiene que responder por esto, porque ese negocio era de él y mucho dinero le dejaba”.
NIÑEZ HUÉRFANA Y ABANDONO:
Violeta Quezada reveló otro dato estremecedor: “Han quedado 174 niños y niñas en condición de orfandad, 34 de ellos perdieron a su papá y a su mamá. Niñas y niños en estado total de desamparo, por lo que el Estado está obligado, desde su rol natural, a acudir en auxilio”.
Hasta ahora, estos menores están al cuidado de familiares, pero no han recibido el primer mes del subsidio. Supérate asegura que la atención psicológica ya ha alcanzado 232 hogares. Según Quezada, esto es prioritario: “Para la ayuda económica entra otro elemento, que va posterior a esa intervención, porque lo primero es estabilizar emocionalmente a las familias, para que estén en condiciones de llenar los requerimientos del SIUBEN”.
Pero, cuando la necesidad es urgente, esperar por estabilización emocional parece una justificación insuficiente.
A dos meses del colapso, Pamela inició esta semana su terapia para caminar. Aracelis espera consulta este lunes para saber si requerirá cirugía. Jennifer será operada también este lunes, gracias al seguimiento del Hospital Salvador B. Gautier.
“Me explicaron que me van a hacer un injerto con piel sintética y luego van a utilizar de la mía también… se me va a cicatrizar más rápido”.
Mientras tanto, muchas víctimas solo encuentran alivio en la solidaridad de familiares y amigos, y claman por la intervención del Gobierno.
“Que el presidente de la República tome cartas en el asunto… Nadie quería estar ahí. De verdad se lo digo: a nadie le deseo vivir lo que nosotros vivimos. Fue algo muy fuerte y algo que nos va a marcar toda la vida”.
Las historias de abandono, desigualdad y burocracia siguen creciendo. Algunas víctimas han recibido asistencia; muchas otras, aún no. El bono que prometía ser “de emergencia” parece más una medida dilatada en trámites.
La ayuda estatal no puede depender del “ruido” que haga cada caso ni llegar después del duelo. Cuando el Estado tarda, los cuerpos se deterioran, las deudas crecen y las heridas no sanan, se profundizan. La tragedia ocurrió en un local privado, pero sus consecuencias hoy pesan sobre los hombros públicos.
