Las cámaras no dan tregua. El sonido del obturador —crack, crack, crack…— se impone como una ráfaga constante, mientras las luces de las cámaras de televisión iluminan con intensidad la escena.
Es jueves por la noche.
Todo apunta hacia una sola figura: Antonio Espaillat. Su llegada a la Fiscalía del Distrito Nacional concentra la mirada de República Dominicana. El empresario, ahora acusado de homicidio involuntario tras el colapso de la discoteca Jet Set, se ha convertido en el rostro central de una tragedia que ha estremecido al país y ha resonado más allá de sus fronteras.
El traslado de Antonio, de 59 años, no fue improvisado. Pareció una maniobra cuidadosamente calculada por las autoridades, conscientes del cerco mediático que los aguardaba en la Fiscalía. Desde temprano, la prensa nacional e internacional había tomado posiciones. Se dividieron en dos frentes: unos vigilaban la puerta principal; otros, la trasera, por donde suelen entrar privados de libertad. Todos sabían que, tarde o temprano, el empresario llegaría.
Salir ileso del asedio periodístico era imposible.
9:50 de la noche, cae el telón
Una miniván blanca, visiblemente golpeada, se detiene justo frente a la puerta trasera del recinto. En segundos, el enjambre de periodistas la rodea. Un agente de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), con el arma larga al pecho, monta guardia firme. Otro, sin armamento, da instrucciones.
Las puertas traseras se abren. También la delantera del copiloto. Un tercer uniformado desciende, con el mismo gesto de contención: evitar que las cámaras crucen la línea. Mientras tanto, otro automóvil casi idéntico se estaciona en la entrada principal de la Fiscalía. Solo bajan agentes.
Era un señuelo.
La atención de los medios se divide, pero la verdadera escena ocurre en la parte trasera. Desde la miniván sale Antonio. Luce sereno. Viste un traje azul marino, camisa blanca, chaleco antibalas y esposas. No lleva casco protector. Levanta la mirada. Sabe que las cámaras lo buscan. Da medio paso. Se detiene. Observa. Espera a que lo escolten. Luego, camina hacia la entrada.
—“¡Don Antonio, don Antonio! ¿Qué espera de este proceso?” —grita un periodista.
—“¡Don Antonio, algunas palabras!” —vocifera un reportero gráfico.
El empresario guarda silencio.
Con seis agentes a su alrededor, sube las escaleras hacia el cuarto piso de la Fiscalía, donde se encuentra la celda preventiva. Allí cumple ya su tercer día tras las rejas, acusado —junto a su hermana Maribel— de homicidio involuntario tras el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó más de 200 muertos y sacudió la conciencia del país.
Así llegó Antonio: entre hierros golpeados
Si algo llamó la atención en el momento fue el vehículo que utilizaron las autoridades para trasladar a Antonio Espaillat.
La miniván blanca presentaba severos golpes en el lateral izquierdo, abolladuras, rayaduras y manchas oscuras que aparentaban ser de óxido.
La puerta corrediza trasera lucía desalineada, parcialmente hundida y sin manubrio exterior, lo que impedía abrirla o cerrarla con normalidad. En la unión entre las puertas laterales se observaban uno que otro orificio.
El neumático trasero izquierdo, aunque aparentemente funcional, también mostraba signos de desgaste.
Desde ese vehículo, Antonio Espaillat descendió tras ser trasladado desde la sede Procuraduría General de la República, donde fue interrogado por varias horas por el Ministerio Público.
Prisión preventiva, el camino que pide el MP
El Ministerio Público depositó el sábado la solicitud de medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario y otros delitos relacionados con la tragedia del Jet Set.
En el documento, el órgano persecutor solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat, mientras que para su hermana Maribel pidió arresto domiciliario.
Además, solicitó que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud de la tragedia.
La audiencia para conocer la solicitud será celebrada este domingo en la Fiscalía del Distrito Nacional, donde un juez fallará en torno a esa solicitud.
El delito de homicidio involuntario conlleva una pena que va desde tres meses hasta dos años. Los parientes de las víctimas ya han presentando más de 80 demandas civiles contra los Espaillat.
