La eliminación de una columna estructural en el salón principal de la discoteca
Jet Set figura como uno de los factores determinantes en el colapso del techo que provocó la pérdida de más de 200 personas, según detalla el expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público.
De acuerdo con el documento, la columna fue retirada sin contar con aprobación técnica, y en su lugar se colocó un perfil metálico que no cumplía con los requisitos de carga necesarios para sostener la viga perimetral del techo. Esta intervención fue realizada en medio de una remodelación estética en el área del escenario y, según la investigación, se ejecutó sin ningún tipo de evaluación estructural previa.
Ingenieros y peritos asignados al caso confirmaron la información durante el proceso de inspección técnica, revelando deficiencias graves en la ejecución de la modificación. Las fotografías incluidas en el expediente muestran con claridad la zapata original donde se encontraba anclada la columna, lo que, según los fiscales, refuerza la acusación de negligencia contra los administradores del establecimiento.
El documento indica que Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras, responsables del local, habrían tomado la decisión de realizar múltiples trabajos de remodelación estructural sin seguir las normativas correspondientes. Entre las labores ejecutadas se incluyen ampliaciones de paredes, modificación de pisos y baños, construcción de nuevas barras, trabajos de ebanistería, instalación de luces, estructuras metálicas y una nueva tarima para presentaciones.
La coordinación de estas obras fue encargada al ingeniero Rafael Antonio Mejía Mejía, quien habría sido contactado directamente por Espaillat López. Mejía Mejía admitió durante la investigación que en el proceso se procedió a remover una columna que formaba parte del soporte original del inmueble.
Este conjunto de intervenciones no autorizadas ha sido señalado como una acción que comprometió gravemente la estabilidad estructural del edificio. Las autoridades sostienen que las decisiones tomadas por los responsables del proyecto incumplieron normas técnicas básicas de construcción, situación que, de acuerdo con los informes recopilados, tuvo consecuencias críticas durante el desplome del techo.
El expediente presentado por el Ministerio Público constituye una parte central del proceso judicial en curso y podría derivar en responsabilidades penales por la omisión de controles técnicos adecuados en una estructura destinada a eventos masivos.
