Nueva York – El Departamento de Educación de Estados Unidos (ED) dijo que trabaja de manera cooperativa con el Departamento de Educación en Puerto Rico (DE) para resolver los hallazgos de un reporte de la Oficina del Inspector General (OIG) que reveló el uso indebido de fondos federales del programa “Restart” que se supone fueran destinados a la reapertura de escuelas tras los huracanes María e Irma.
La agencia indicó que se guía por la “Resolución de Auditoría Cooperativa e Iniciativa de Supervisión” (CAROI), un enfoque colaborativo dirigido a mejorar los programas educativos y el desempeño estudiantil por medio de monitoreo y asistencia técnica a entidades no federales.
“El Departamento trabajará a través de un proceso de ‘Resolución de Auditoría Cooperativa’ con el Departamento de Educación en Puerto Rico para resolver los hallazgos mencionados en el reporte de OIG en el Programa de Asistencia Inmediata para Reiniciar las Operaciones Escolare (Restart)”, indicó la oficina de prensa del ED en declaraciones escritas enviadas a El Diario de Nueva York.
La resolución implica un seguimiento a la auditoría para promover medidas de acción correctiva por parte del Departamento de Educación en la isla.
ED además señaló que la agencia local se expone a sanciones si no corrige los señalamientos identificados en el informe. El objetivo de la auditoría realizada por OIG era determinar si el Departamento de Educación de Puerto Rico usó los fondos del programa Restart para los fines permitidos y previstos, entre el 30 de abril de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022.
El documento, que fue enviado a la secretaria de Educación en la isla, Yanira Raíces Vega, emplaza al Departamento a enviar cualquier información adicional al oficial Adam Schott, subsecretario adjunto de Políticas y Programas del Departamento, antes de que se tome acción final sobre los hallazgos.
El reporte, divulgado el 25 de enero, arrojó que el Departamento no siempre utilizó los fondos del programa Restart para los propósitos establecidos.
“Nosotros encontramos que no siempre el Departamento de Educación de Puerto Rico utilizó los fondos del programa Restart para los propósitos permitidos y previstos. Específicamente, de los aproximadamente $8.6 millones en costos indirectos que el Departamento de Educación cargó a la subvención del programa Restart durante el periodo auditado, $2.5 millones no estaban permitidos”, lee parte del informe que consta de 70 páginas.
“Los $2.5 millones de costos no permitidos que el Departamento de Educación cargó al programa Restart pudieron haber sido utilizados para actividades permitidas que habrían ayudado al Departamento a reiniciar las operaciones en las escuelas, readmitir estudiantes y reabrir escuelas elementales y secundarias públicas y no públicas afectadas por el desastre cubierto”, expone el documento.
Equipos electrónicos no utilizados o desaparecidos
El reporte apunta a que Educación en Puerto Rico utilizó fondos para la compra de computadoras y tabletas que no estaban dirigidas directamente al fin del programa que era la reapertura de escuelas en el periodo posterior a los huracanes María e Irma en el 2017. Además otros aparatos nunca se utilizaron y/o desaparecieron.
En ese sentido, la auditoría arrojó que la agencia necesita mejorar su manejo de los dispositivos electrónicos que compró para estudiantes y maestros usando los fondos del programa Restart.
En una inspección en mayo del año pasado, las autoridades federales identificaron unos 215 dispositivos tecnológicos adquiridos a un costo de $100,420 que estaban almacenados en una escuela en la región educativa de Ponce, al sur de la isla.
Los 215 aparatos formaban parte de un total de 350 que incluían 324 laptops, 18 tabletas y ocho dispositivos de carga y almacenamiento. Aparte de lo anterior, el Departamento no pudo localizar otros 21 equipos tecnológicos para estudiantes y maestros comprados a un costo de $9,237.3.
“Como resultado del manejo inadecuado del Departamento de equipo tecnológico, estudiantes y maestros que se pudieron haber beneficiado del uso de este equipo, no pudieron hacerlo”, concluyó la auditoría.
Además, los investigadores descubrieron que la agencia en Puerto Rico realizó pagos de nómina no autorizados a tres maestros que totalizaron $6,000. “Los tres pagos fueron para una iniciativa financiada con fondos del programa ESSER (Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias) que el Departamento de Educación en Puerto Rico recibió y por lo tanto debieron haber sido cargados a ese programa”, detalla el reporte.
En el informe se señala que las respuestas del Departamento de Educación en Puerto Rico al borrador, en particular en cuanto al primer hallazgo, no fueron las esperadas.
En cuanto al señalamiento por nómina, el reporte explica que, aunque le solicitaron al Departamento la documentación relacionada con estos pagos varias veces durante la auditoría, no fue hasta que divulgaron el borrador del reporte que las autoridades en la isla proveyeron su respuesta.
Restart es parte de HERA
En respuesta al impacto de los huracanes Irma y María en Puerto Rico en el 2017, el 9 de febrero de 2018, el Congreso de EE.UU. autorizó el programa Restart como parte de la Ley de Presupuesto Bidpartidista.
Restart surgió en diciembre 30 de 2005 a través de HERA (Hurricane Education Recovery Act) junto a otros dos programas que buscaban asistir a las escuelas afectadas directa o indirectamente por huracanes a reabrir más rápidamente y satisfacer las necesidades educativas de estudiantes desplazados.
La ley presupuestaria aprobada en el 2018 en la Legislatura federal facultó al Departamento de Educación a distribuir ayuda para el año escolar 2017–2018.
“El estatuto no enmendó HERA; en lugar de esto, proveyó los términos estatutarios y condiciones de HERA que se iban a aplicar, con actualizaciones específicas para los fuegos forestales de California en el 2017 y los huracanes Harvey, Irma y María”, explica el informe.
Como parte del proceso, en el 2018 se asignaron $887.4 millones en fondos Restart a tres estados, Puerto Rico, y las Islas Vírgenes estadounidenses.
Hasta el 18 de enero de este año, el Departamento de Educación en Puerto Rico había dispuesto de cerca de $504 millones de la cantidad total. Lo anterior equivale a un 86% de lo asignado.
El 10 de marzo del año pasado, el Departamento de Educación federal aprobó para Puerto Rico una extensión hasta el 30 de septiembre de 2024 para el uso del dinero.
Las recomendaciones del informe de OIG
El informe de OIG incluye varias recomendaciones para enmendar los hallazgos.
La entidad aconseja que los dispositivos tecnológicos comprados con fondos del programa que no han sido utilizados sean distribuidos a estudiantes y maestros en necesidad, localizar los aparatos desaparecidos, realizar un inventario de estos productos y asegurar que las políticas y procedimientos relacionados con el manejo de estos equipos se sigan.
En relación con los pagos de nomina no permitidos, los auditores recomendaron determinar la cantidad total desembolsada incorrectamente.
Departamento de Educación en Puerto Rico responde
En su respuesta a la auditoría, incluida en el informe, entre otras cosas, la agencia en Puerto Rico plantea que acorde con su “Evaluación de Necesidades para Dispositivos Móviles, Desarrollo Profesional y Manejo de Proyectos” que data del 29 de marzo de 2019 el propósito de adquirir las laptops y tabletas era desarrollar una infraestructura tecnológica en cada escuela para prepararse y mitigar los efectos de otra emergencia en el futuro.
La agencia además argumentó que el propósito principal de adquirir los equipos era proveerle a todas las maestras y estudiantes aparatos que pudieran usar para acceder al material de instrucción aún cuando las escuelas estuvieran cerradas como consecuencia de una emergencia.
“Esto puede ayudar a minimizar la pérdida de tiempo de instrucción dado que los estudiantes podían acceder al material educativo desde sus hogares usando sus computadoras o tabletas”, planteó el DE.
En declaraciones a este periódico, Raíces Vegas, indicó que su oficina trabaja en el proceso para disponer efectivamente de los equipos en desuso.
“La utilización responsable de los fondos federales y estatales es medular. Ante los hallazgos de la Oficina del Inspector General en dónde se reveló el almacenamiento de unas computadoras que nunca se utilizaron y que fueron adquiridas con fondos federales Restart, la secretaria se reunió con su equipo de trabajo para que de manera inmediata se disponga de los equipos en desuso y estos sean destinados ya sea a estudiantes del Departamento que tengan la necesidad en primera instancia y escuelas, siempre que los equipos se encuentren hábiles para su uso. La compra de estos equipos surgió como consecuencia de los huracanes Irma y María con el propósito de que los estudiantes pudieran tener el tiempo lectivo necesario de manera remota”, argumentó la secretaria de Educación.
La funcionaria además señaló que los equipos estuvieron almacenados porque algunos alumnos ya contaban con sus propios aparatos electrónicos.
“Muchos de estos equipos no fueron destinados a los estudiantes porque algunos ya tenían equipos o porque alguna entidad se los había provisto, de modo que no era necesario adquirir un equipo adicional por parte del Departamento”, añadió.
Raíces Vega señaló que, para ese tiempo, no fungía como titular del Departamento. “Sin embargo, se ha comprometido en atender la situación e implementar medidas de fiscalización internas con el propósito de hacer el mejor y más responsable uso de los fondos estatales y federales para que estos lleguen al salón de clases y evitar situaciones futuras como estas”, agregó.
“Una vez los procesos de validación en cuanto a la funcionalidad de estos equipos se culmine, el Departamento de Educación estará ofreciendo un informe para que la ciudadanía conozca las medidas que se llevaron a cabo y los planes de acción correctiva que sean necesarios”, puntualizó.
Precisamente, en Ponce, pueblo en el que se reportaron los hallazgos, fue uno en el que las escuelas resultaron más impactadas por los terremotos del 2020.
La situación provocó daños en la infraestructura tanto en esa escuelas con en otros de la zona sur. La emergencia llevó a que más estudiantes tuvieran que tomar clases de manera remota.
Al menos hasta el verano del 2022 reportes de medios en la isla alertaban de retrasos en la reparación de la infraestructura en al menos 240 planteles escolares de la zona a pesar de que para esas mismas fechas el Departamento de Educación anunció una asignación de $96 millones para rehabilitar los planteles en estado crítico.
En general, cerca de $3,000 millones en fondos federales han sido asignados para las escuelas en Puerto Rico. Algunas de estas partidas provinieron de los paquetes de estímulo económico aprobados en el Congreso en respuesta a la pandemia como el Plan de Rescate Americano (ARPA).
