29 de abril de 2026

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Proyecto minero desata choque entre empresa y comunidades de San Juan, mientras Gobierno apela al diálogo

San Juan
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La propuesta de explotación minera en San Juan, a través del denominado Proyecto Romero impulsado por la empresa GoldQuest Mining Corp., ha desatado un amplio debate nacional que enfrenta posturas políticas, técnicas, ambientales y comunitarias, en medio de protestas, huelgas y llamados al diálogo.

El conflicto, centrado en la posible extracción de oro, plata y cobre en la zona de Los Romero, ha generado una fuerte oposición social por el temor a daños en los recursos hídricos, mientras sectores oficiales y empresariales defienden la viabilidad del proyecto bajo criterios técnicos y ambientales.

A favor del desarrollo del proyecto se han pronunciado figuras como el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, así como los ministros Joel Santos y Paíno Henríquez, quienes abogan por un enfoque basado en evidencia, legalidad y equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

En contraste, sectores en contra incluyen a los senadores Félix Bautista y Antonio Marte, el alcalde de San Juan Lenin de la Rosa y la Academia de Ciencias de la República Dominicana, quienes han expresado preocupaciones por los posibles impactos ambientales, la falta de información clara y los beneficios reales para la población.

Posturas a favor: minería como motor de desarrollo

Presidente del Senado: “Soy promine­ría”

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió abiertamente la actividad minera, asegurando que es indispensable para la vida moderna.

“Yo públicamente he dicho que soy prominería… sin la minería la vida del hombre sería hoy invivible”, afirmó, al señalar que productos cotidianos como vehículos, celulares y televisores dependen de esta industria.

Su postura se centra en la idea de que la minería puede coexistir con sectores tradicionales como la agricultura.

Ministro de Medio Ambiente: apego estricto a la ley

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, evitó asumir una posición política directa sobre el proyecto, pero dejó claro que cualquier decisión estará sujeta al cumplimiento de la normativa ambiental.

Explicó que la Ley 64-00 obliga a realizar un proceso de evaluación de impacto ambiental para cualquier proyecto.

“Vamos a cumplir con la ley y estamos a la espera del estudio de impacto ambiental”, indicó.

Ministro de Energía y Minas: equilibrio entre desarrollo y medio ambiente

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, enfatizó que el futuro de la minería debe definirse con base en evidencia científica y diálogo social.

“Las decisiones no pueden basarse en rumores. Se construyen con evidencia, con institucionalidad y con diálogo directo con la gente”, sostuvo.

Su enfoque plantea un balance entre crecimiento económico, protección ambiental y estabilidad social.

Luis Abinader: desarrollo integral bajo el Plan San Juan

Aunque no ha aprobado el proyecto, el presidente emitió los decretos 236-26 y 285-26 para fortalecer el Plan San Juan, una estrategia de desarrollo sostenible creada en 2022.

Este plan busca diversificar la economía de la provincia y será coordinado por una comisión encabezada por el obispo de la diócesis de San Juan e integrada por sectores productivos y estatales.

Posturas en contra: preocupación ambiental y falta de confianza

Senador por San Juan: alerta por impacto en el agua

El senador por San Juan, Félix Bautista, ha reiterado en múltiples ocasiones su rechazo al proyecto minero, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias ambientales y sociales.

En 2022, presentó una denuncia ante el Senado alertando sobre el peligro de las concesiones otorgadas a GoldQuest Mining Corp. en la Cordillera Central. Señaló que la contaminación no se limitaría a San Juan, ya que el río San Juan es afluente del Yaque del Sur, lo que generaría un “efecto dominó” que impactaría la presa de Monte Grande.

“Estamos hablando de la salud y el sustento de más de medio millón de dominicanos”, enfatizó.

En 2025, Bautista ratificó su oposición a la mina Romero, argumentando razones económicas y ambientales, incluyendo el uso de metales pesados y el riesgo de contaminación de importantes fuentes hídricas como la presa de Sabaneta.

Senador por Santiago Rodríguez: “El pueblo tiene su razón”

El senador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Antonio Marte, cuestionó la transparencia del proyecto.

“El pueblo tiene su razón”, expresó, al advertir que la provincia podría resultar “engañada” y que no se han explicado claramente los beneficios económicos para la población.

Insistió en la necesidad de mayor información: “Con la gente hay que hablar”.

Academia de Ciencias de RD: alerta por impacto ambiental

La institución científica fijó una postura firme contra la minería en San Juan, argumentando la importancia ecológica de la Cordillera Central.

José Manuel Mateo Felix, miembro de la Comisión de Ciencias Naturales y Medioambiente de la Academia de Ciencias y miembro de número de la institución

José Manuel Mateo Felix, miembro de la Comisión de Ciencias Naturales y Medioambiente de la Academia de Ciencias y miembro de número de la institución, sostuvo que la oposición se basa en experiencias previas del país en provincias como Pedernales, La Vega y Sánchez Ramírez, donde, según indicó, la actividad minera ha dejado impactos negativos.

Alcalde de San Juan: defensa del valle agrícola

El alcalde de San Juan, Lenin de la Rosa, reafirmó su rechazo al proyecto, priorizando la protección de los recursos naturales del valle de San Juan.

Durante su rendición de cuentas el domingo, enfatizó su compromiso con la preservación ambiental frente a cualquier iniciativa extractiva.

La postura de la empresa: minería “responsable” y diálogo abierto

La empresa GoldQuest Mining Corp. ha defendido el proyecto asegurando que se trata de un modelo de minería moderna, responsable y de bajo impacto.

Su CEO afirmó que la compañía respalda la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), aunque esta no sea obligatoria por ley, como muestra de transparencia.

Además, expresó su disposición a que el proceso cuente con la participación de sectores ambientales, académicos y sociales, con el objetivo de alcanzar decisiones consensuadas y basadas en evidencia científica.