Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha acudido este miércoles 24 de junio a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, minutos antes de las 18.00 horas, para entregar su pasaporte al juez Juan Carlos Peinado, tal y como este le ordenó tras la audiencia preliminar celebrada la semana pasada.
La defensa de la investigada ha interpuesto un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid para intentar anular esta medida y las otras dos restricciones acordadas por el instructor, al considerar que no existe riesgo de fuga que las justifique.
La entrada a la sede judicial ha sido, como en anteriores ocasiones, por el garaje del edificio. La magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha autorizado de nuevo este acceso reservado a petición del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, al considerar que existe un «posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez» si accediera por la entrada principal, donde habitualmente aguardan medios de comunicación y grupos de manifestantes.
Junto a la entrega del pasaporte, el juez ha impuesto a Begoña Gómez otras dos medidas cautelares: la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de firmar quincenalmente en sede judicial.
Estas mismas restricciones afectan también a su asesora Cristina Álvarez, quien ya ha hecho entrega de su pasaporte al instructor con anterioridad a esta jornada, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Las medidas fueron acordadas por Peinado después de que en la audiencia preliminar las acusaciones populares, lideradas por la asociación HazteOir, las reclamaran expresamente.
El juez las incluyó en el auto por el que ha enviado a ambas a juicio con jurado popular, acusadas de presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
El abogado y exministro Antonio Camacho, que encabeza la defensa de Gómez, se ha mostrado contumaz en su rechazo a estas restricciones y ha pedido que se dejen sin efecto «lo más rápido posible», al entender que son «lesivas para el derecho fundamental a la libre circulación» y, a su juicio, carecen de proporcionalidad respecto a la situación real de su defendida.
La defensa ha subrayado que Begoña Gómez ha asistido a cada una de las actuaciones del proceso en las que su presencia era obligatoria, y que cuenta con arraigo familiar y profesional en España, argumentos clásicos que los tribunales consideran a la hora de evaluar el riesgo de fuga.
Además, ha recordado que su condición de esposa del jefe del Ejecutivo la sitúa «de manera permanente e irrenunciable» bajo un dispositivo de seguridad personal gestionado por la Policía Nacional en todos sus desplazamientos, tanto dentro como fuera del país.
Escoltas y polémica judicial
Precisamente este punto ha desatado una de las controversias más llamativas de todo el procedimiento. En su auto, Peinado afirmó que «no cabe duda» de que los agentes que custodian a Gómez podrían, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar para «facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
El instructor añadió que la condición de presidente del Gobierno de Pedro Sánchez «es algo efímero, y por tanto transitorio», lo que, a su entender, haría aún más probable esa hipotética huida una vez que expirara la protección oficial.
La defensa de Gómez ha calificado estos razonamientos de «mera especulación» y los ha considerado, además, «una falta de respeto a instituciones como las fuerzas de seguridad», al poner en duda su profesionalidad. Las mismas consideraciones se extienden, según el auto, a la asesora Álvarez, de quien el juez ha inferido que dispone de «medios similares» para una eventual fuga.
La gravedad de los términos empleados por Peinado ha trascendido el ámbito estrictamente procesal. Este lunes 23 de junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó remitir al promotor de la acción disciplinaria el auto del instructor por esos comentarios sobre los escoltas, al entender que podrían constituir una posible falta grave de desconsideración.
El caso contra Begoña Gómez se ha desarrollado a lo largo de más de un año entre recursos, recusaciones y polémicas que han situado el procedimiento en el centro del debate político y judicial en España. La instrucción, llevada a cabo por Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha sido cuestionada en varias ocasiones por la defensa, que ha intentado sin éxito apartar al juez del caso.
Ahora, con el pasaporte depositado en sede judicial y tres medidas cautelares pendientes de resolución en la Audiencia Provincial, Begoña Gómez afronta una nueva fase del proceso que la llevará, salvo revés judicial de calado, ante un jurado popular. La imagen de la esposa del presidente entregando su documento de viaje en un juzgado madrileño es, sin duda, una de las más insólitas que ha dado la política española en los últimos tiempos, y el desenlace del recurso podría determinar si esa escena se repite cada quince días ante el mostrador de la firma.
