La exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, quien representó a La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es hasta ahora la única congresista condenada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dentro de un grupo de legisladores investigados por delitos como lavado de activos y corrupción.
Pilarte fue sentenciada en 2024 a cinco años de prisión y al decomiso de 13 bienes inmuebles. La sentencia fue ratificada por el Pleno de la SCJ el 29 de agosto y actualmente, cumple condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.
A diferencia de Pilarte, los expedientes abiertos contra otros legisladores ante la SCJ se mantienen sin avances procesales relevantes, a pesar de que han pasado casi cuatro años desde que fueron sometidos.
Entre los señalados se encuentran Nelson Marmolejos Gil, actual diputado por la PRM-Circunscripción 3 de Santiago, quien fue reelecto en 2024 con 12,495 votos; Faustina Guerrero Cabrera, diputada del PRM por El Seibo, quien también logró la reelección con 12,556 votos; y Sergio Moya, mejor conocido como “Gory”, diputado por el PRM-Circunscripción 3 del Distrito Nacional, quien obtuvo 20,011 votos en los comicios del mismo año.
Todos han mantenido sus cargos en el Congreso Nacional, mientras sus casos continúan en espera de decisión judicial.
Asimismo, el exdiputado Héctor Darío Feliz Feliz, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fue también sometido ante la SCJ, pero al no ser reelecto en 2024, su caso dejó de estar bajo jurisdicción privilegiada.
El 16 de septiembre de 2021, mediante el Auto 16-2021, la Suprema Corte designó al magistrado Napoleón Estévez Lavandier como juez de instrucción especial para conocer los expedientes relacionados con los diputados implicados en la Operación Falcón y la Operación Clamar.
Sin embargo, Estévez dejó esa función hace un año y nueve meses al asumir como presidente del Tribunal Constitucional. Su sustituto, Justiniano Montero, fue nombrado el 19 de enero de 2024, pero desde entonces no se han registrado nuevos avances sustantivos en los casos.
El Ministerio Público fue activo al hacer público los casos en su momento, pero ha sido lento en cuanto a la presentación formal de acusaciones ante la SCJ.
Hasta la fecha, no se han iniciado juicios contra los legisladores mencionados, pese al tiempo transcurrido.
OPERACIÓN FALCÓN Y VÍNCULOS LEGISLATIVOS
La Operación Falcón fue lanzada el 8 de septiembre de 2021 y reveló una supuesta red de lavado de activos vinculada al narcotráfico.
En este entramado se vincula directamente a los entonces diputados Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Feliz Feliz, quienes fueron señalados en el expediente por supuestos vínculos con los hechos investigados.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público solicitó formalmente la designación de un juez especial para instruir el caso ante la SCJ.
Aunque la mayoría de los demás implicados en esta operación ya cumplieron medidas de coerción como prisión preventiva y actualmente esperan juicio en libertad, los procesos contra los diputados aún no han llegado a una etapa de acusación formal.
OPERACIÓN CALAMAR Y SERGIO MOYA
El 19 de marzo de 2023 se destapó la Operación Calamar, una investigación sobre presuntos actos de corrupción vinculados a expropiaciones irregulares de terrenos y esquemas ilícitos relacionados con bancas de apuestas. Según el Ministerio Público, el esquema habría generado movimientos financieros por más de 19 mil millones de pesos.
Entre los señalados figura el diputado Sergio Moya, conocido como “Gory”, quien habría sido uno de los coordinadores del sistema de cobros a bancas, en conjunto con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
A pesar de estar bajo investigación, Moya se presentó nuevamente a las elecciones en 2024 y fue reelecto para continuar como representante de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional.
