El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que no asistirá el próximo 7 de agosto a la toma de posesión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y aseguró que tampoco participará en el tradicional saludo durante el traspaso de mando.
«No voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni a darle la mano», afirmó Petro, quien insiste en calificar de fraude la victoria del dirigente conservador, pese a que hasta el momento sus señalamientos no han sido probados judicialmente. Iván Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo, reconoció su derrota tras la segunda vuelta celebrada el 21 de junio.
La decisión del mandatario ha generado críticas por romper con un gesto institucional que representa el reconocimiento de la voluntad expresada en las urnas. Más allá de las diferencias políticas, la ausencia de Petro enviaría un mensaje de confrontación en medio de una transición ya marcada por acusaciones, demandas y una creciente tensión entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo.
La decisión de Gustavo Petro ocurre después de una cerrada segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo el 49.66 % de los votos, frente al 48.70 % alcanzado por Iván Cepeda, una diferencia cercana a los 251,000 sufragios. El escrutinio de primer nivel coincidió en un 99.997 % con el preconteo, según informó la Registraduría Nacional de Colombia.
Cepeda reconoció públicamente la victoria de De la Espriella el 24 de junio, aunque su campaña había solicitado revisar los resultados de unas 33,000 mesas. Petro, en cambio, ha mantenido sus cuestionamientos y sostiene que habría existido un fraude de unos 848,000 votos, acusación que hasta ahora no ha presentado con pruebas conocidas ante las autoridades judiciales.
La tensión aumentó por la organización de la ceremonia del 7 de agosto. De la Espriella ha planteado asumir la Presidencia en una guarnición militar fuera de Bogotá, mientras Petro prohibió el uso de cuarteles para la posesión mientras continúe como comandante supremo de las Fuerzas Militares. La propuesta rompe con la tradición de juramentar al mandatario ante el Congreso y todavía enfrenta dudas jurídicas y políticas.
En medio de la disputa, Estados Unidos y otros doce países latinoamericanos expresaron preocupación por los señalamientos sin sustento que ponen en duda el proceso electoral y pidieron garantizar una transición democrática ordenada.
