El recurso de objeción del que fue apoderada la magistrada Keila Pérez Santana en contra de los archivos definitivos dispuestos en 2019 a los expedientes de un grupo de imputados en el caso Odebrecht no incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Desde el pasado 16 de agosto, Pacheco es el presidente de la Cámara de Diputados y goza de jurisdicción privilegiada.
En el auto de archivo definitivo de su caso se indica que este fue mencionado por los delatores Marco Vasconcelos Cruz (exgerente de Odebrecht en la República Dominicana) y Ernesto Saviera Baiardi, como la persona que, en su condición de también presidente de la Cámara de Diputados (2003-2006), viabilizó la aprobación de financiamiento, específicamente para el acueducto de Samaná y la Hidroeléctrica Palomino.
Por las acusaciones que le hizo el Ministerio Público, el juez de instrucción especial, Francisco Ortega, le impuso en 2017 una garantía económica de RD$5 millones e impedimento de salida del país como medida de coerción.
El 7 de junio de 2018, Pacheco fue favorecido con el archivo provisional emitido por la Procuraduría mediante el auto 00012, que se hizo definitivo el 27 de septiembre de 2019.
La abogada Evelyn Torres, coordinadora jurídica de la fundación Alianza Ciudadana, entidad que presentó el recurso, explicó ayer a Diario Libre que primero se objetaron los archivos definitivos de los siete imputados que pueden ser conocidos en lo inmediato por un tribunal ordinario, en vista de que el perremeísta Pacheco goza de jurisdicción privilegiada por ser legislador.
“Ahora mismo nos estamos centrando en la jurisdicción ordinaria y ya más adelante determinaremos qué hacer con la jurisdicción privilegiada, que es lo que le corresponde (al diputado)”, precisó Torres. «Por el momento no es opción», agregó.
La pasada semana, el juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, apoderó a la magistrada Pérez Santana, jueza del Primer Juzgado, del recurso de objeción de Alianza Ciudadana que busca revocar los archivos definitivos que favorecen a Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, Bernardo Castellanos, César Sánchez, Máximo D’Óleo y Ruddy González.
Estos fueron investigados por los US$92 millones en sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó en el país entre 2001-2014 para conseguir contratos de obras públicas, por el que otros seis imputados están en juicio de fondo.
Estos archivos definitivos y también el concedido al diputado Pacheco por el mismo caso fueron firmados el 27 de septiembre de 2019 por el exprocurador Jean Alain Rodríguez y el procurador general de Corte de Apelación, Narciso Escaño Martínez, quien fungió como titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Argumentaron que no constituyen una infracción penal los hechos imputados.
Dichos archivos definitivos son investigados por la Procuraduría General para determinar si se dispusieron de forma irregular, como sostiene el actual director de la Pepca, Wilson Camacho.
Para tal fin, el pasado 21 de octubre el inspector general del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, interrogó por siete horas a Escaño Martínez.
