Santo Domingo.- El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Demetrio Vicente Ureña, abandonó abruptamente una entrevista al ser cuestionado con documentos oficiales que confirman la reducción en la entrega de raciones alimenticias para adultos mayores.
La indisposición inició cuando le cuestionaron sobre la modificación de las frecuencias en el programa de asistencia alimentaria, el cual pasó de suministrar una funda de alimentos crudos cada mes a entregarla únicamente una vez al año. En un primer momento, el titular de la entidad negó la existencia de dicho recorte ante las cámaras del programa N Investiga afirmando: «No es así como le han informado […], el CONAPE no tiene en su programa la entrega de raciones». Sin embargo, la evidencia documental firmada por el propio funcionario desmintió su declaración en plena grabación.
Ante la imposibilidad de justificar sus argumentos, Ureña interrumpió y adujo compromisos urgentes en su agenda de trabajo. «Esa no fue la condición […]. Para reunirme con usted a dar la entrevista tenía que tener las preguntas que usted necesitaba», reprochó el funcionario antes de levantarse de la mesa, retirarse del set y dar por concluida la sesión de grabación de manera unilateral.
El documento que le mostró la periodista y conductora del programa, Nuria Piera, fue aprobado el 18 de mayo de 2026, establece textualmente la implementación del «criterio de una única entrega de raciones por adulto mayor durante el año 2026 en función de la disponibilidad de recursos e inventarios».
La medida busca, según la resolución, optimizar los recursos y alcanzar la meta de 51,800 beneficiarios para atender una enorme demanda. Esta población vulnerable incluye a 38,198 envejecientes con raciones aprobadas sin entregar en lo que va de año y otros 76,416 en lista de espera pendiente de aprobación.
Ante la lectura directa del texto que llevaba su rúbrica, por la periodista Piera, Vicente Ureña terminó admitiendo la aplicación del ajuste para la población no institucionalizada, luego de que se le señalara en el intercambio. El funcionario respondió alegando que la entidad no está en capacidad de abastecer a la totalidad de la demanda por falta de inventario.
La justificación de la falta de presupuesto para la asistencia alimentaria choca de manera directa con las cifras del sistema financiero estatal.
Para el año 2026, el CONAPE cuenta con un presupuesto asignado de más de 2,184.6 millones de pesos, de los cuales más de 128 millones de pesos corresponden a la partida de alimentos. Sin embargo, al 31 de julio de este año, la entidad apenas había ejecutado unos 297 mil pesos, lo que representa un 0.23 % de los fondos aprobados para comida.
Esta marcada contradicción pone en evidencia que, mientras se reducía la intensidad de la ayuda a una sola ración de tres días de duración al año alegando escasez, los recursos destinados a la compra de insumos permanecían archivados sin ejecutar.
A la par con la reducción del subsidio alimentario individual para los adultos mayores, la resolución de la entidad autorizó un cupo de hasta 10,000 raciones para ser distribuidas a través de intermediarios.
Esta modalidad contempla el apoyo de «líderes comunitarios, sociedad civil y autoridades locales» para la localización de personas vulnerables, aun cuando la institución ya tiene a decenas de miles de envejecientes identificados en lista de espera. Registros del propio calendario de jornadas institucionales muestran la participación activa de legisladores del partido de gobierno en la entrega de estos insumos. Entre ellos figuran la diputada Patricia Núñez en Villa Mella con 150 raciones, Melina Sánchez en el Barrio 27 de Febrero con 150 raciones, y Jeovanny Ventura en San Francisco de Macorís con asignaciones de 500 raciones acompañadas de suplementos proteicos y cereales.
Desproporción geográfica en la distribución de ayuda
Las notas de prensa del organismo muestran que la provincia de Samaná acumula al menos seis jornadas documentadas con más de 1,870 adultos mayores beneficiados, una cifra privilegiada en comparación con su población de apenas 14,782 envejecientes. En contraste, demarcaciones como la provincia Hermanas Mirabal, que cuenta con más de 17,145 adultos mayores, solo registraron una jornada con cerca de 300 beneficiados. Esta preferencia territorial coincide con la trayectoria política de Vicente Ureña, quien fue legislador por Samaná entre 2006 y 2010 y mantiene aspiraciones de ocupar nuevamente una curul en los próximos comicios.
Las irregularidades en la gestión alimentaria también abarcan los procesos administrativos de compras dirigidos por el departamento correspondiente.
Un proceso de licitación iniciado el 17 de marzo para la compra de alimentos fue cancelado tras haberse abierto los sobres con las ofertas, alegando la necesidad de corregir las unidades de medida, un aspecto que no había sido objetado por ningún oferente. Apenas una semana después, el 26 de junio, la institución convocó a una nueva licitación por urgencia manteniendo exactamente las mismas especificaciones.
En esta adjudicación millonaria de más de 127 millones de pesos resultaron beneficiadas empresas investigadas por el Ministerio Público o vinculadas a presuntos esquemas de colusión, como CELNA Enterprises, Caribbean Food Supply e Importadora Nacional de Comestibles (INACO). Además, el nuevo contrato alteró la calidad nutricional del programa al reducir las raciones de proteínas, lácteos y carnes enlatadas para aumentar el suministro de arroz, azúcar y cereales.
El cuestionado manejo de los recursos públicos se extiende a los programas sociales de acompañamiento y atención médica del CONAPE.
A través de la iniciativa «Familias de Cariño», diseñada para subsidiar con 15,000 pesos mensuales a familias de escasos recursos que cuidan a personas de la tercera edad, se identificaron asignaciones a parientes de altos funcionarios de la entidad que devengan sueldos superiores a los 140,000 pesos.
Entre los favorecidos figuran Carlos Polibio Michel, esposo de una asesora del despacho; Juana Contreras, madre de la directora de Cuidados Domiciliarios; y David Enrique Alcántara, padre de la encargada del Departamento de Denuncias. Paralelamente, una licitación de 131 millones de pesos para privatizar el Servicio de Cuidados Domiciliarios adjudicó más de 52 millones a ODONTOLOVE, una clínica dental privada que recortó el salario de los cuidadores capacitados con fondos estatales de 21,400 a 18,000 pesos, reteniendo más del 60 % del tarifa por hora pagada por el Estado.
Crecimiento de la nómina institucional
El crecimiento de la nómina institucional representa otro eje de fuerte contraste con la alegada austeridad. Desde el año 2020, la plantilla de personal de CONAPE se incrementó en un 81 %, pasando de 817 a 1,478 empleados, mientras que el gasto mensual en sueldos se disparó en un 165 %, superando los 51.5 millones de pesos.
La investigación detectó múltiples casos de presuntas inconsistencias nominales y «empleados fantasmas», entre ellos un analista de cultura con sueldo de 70,000 pesos que labora simultáneamente en un centro de llamadas; un encargado de coordinación provincial que reconoció trabajar de forma remota sin precisar sus funciones; y la esposa del contralor general de la República, nombrada con un sueldo de 80,000 pesos por impartir alfabetización en un único hogar de día, superando el salario de los docentes del sistema público y de las trabajadoras sociales que ejecutan dicha labor.
A esta estructura de nombramientos se suma el caso de Orlando Ferrera Vargas, chofer del exdirector José García Ramírez, quien continúa cobrando 25,000 pesos mensuales en la nómina pese a que el exfuncionario cesó en sus funciones en septiembre de 2025 y el empleado no presta servicios en el área de transportación. Adicionalmente, se constató que el exdirector mantuvo para su uso personal una camioneta Ford propiedad de la institución, la cual fue devuelta de manera apresurada pocas semanas antes de la entrevista.
Por otro lado, la alta dirección administrativa viola la legislación vigente al haber omitido la entrega de sus declaraciones juradas de bienes, incluyendo al Director Administrativo y Financiero, José Ramón Ciriaco Cabrera, y al Director de Compras y Contrataciones, Carlos Manuel Ortega García, quienes tienen a su cargo la fiscalización de los fondos públicos del organismo.
Recintos comunitarios
Recintos comunitarios como el Hogar de Día en Dajabón operan con un único baño compartido y sufren retrasos de hasta seis meses en la entrega de medicamentos, la institución promovió una licitación para la adquisición de cinco yipetas de lujo y cinco camionetas 4×4 destinadas al uso directivo. A pesar de la existencia de decretos presidenciales que restringen la compra de vehículos de lujo en el marco de la austeridad gubernamental, el proceso obtuvo la autorización del Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Al ser cuestionado sobre las especificaciones de estos automotores equipados con pantalla táctil y llave inteligente, Vicente Ureña intentó desviar la atención argumentando: «Yo nada más veo una, que es en la que yo ando».
Auditoría Contraloría General
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), correspondiente al período septiembre 2020 – diciembre 2024, reveló múltiples hallazgos que van desde subejecución de fondos hasta falta de soportes en pagos millonarios.
Los resultados de la auditoría fue publicado luego del primer reportaje realizado por el programa N Investiga donde dio a conocer las irregulares en el manejo de fondos y ayudas técnica en el CONAPE.
