El cantante Julio Iglesias deberá afrontar una investigación judicial en España por las presuntas agresiones sexuales que dos exempleadas denuncian haber sufrido en sus residencias caribeñas. El magistrado Antonio Piña Alonso, titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Central de Instrucción, ha admitido la demanda interpuesta por ambas mujeres, si bien ha limitado considerablemente los delitos que pueden ser objeto de investigación. Investigará los posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y tratos degradantes , pero ha denegado la apertura de una causa por trata de personas y delitos contra los derechos laborales.
La resolución, emitida este miércoles 18 de noviembre, representa el primer paso judicial efectivo para esclarecer hechos ocurridos en 2021 en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas. El juez considera que el relato de las denunciantes y la documentación aportada contienen elementos suficientes para iniciar una investigación penal , pero advierte que la admisión de la denuncia no implica juicio alguno sobre la credibilidad de las mujeres ni sobre la responsabilidad del cantante.
El procedimiento se inicia tras un primer intento fallido de las exempleadas ante la Fiscalía Nacional. En enero de este año, la Fiscalía archivó las diligencias preprocesales, considerando que los tribunales españoles carecían de competencia para investigar hechos ocurridos fuera del país. Las denunciantes, con el apoyo de la organización Women’s Link Worldwide, optaron entonces por acudir directamente a los tribunales mediante una denuncia presentada el 3 de septiembre.

Posteriormente, la Fiscalía modificó sus criterios. En un informe enviado al juez en octubre, la Fiscalía argumentó que la Audiencia Nacional podía examinar la denuncia, dado que se cumplían los requisitos legales para ejercer jurisdicción española sobre los presuntos delitos cometidos en el extranjero por un ciudadano español . El juez acabó admitiendo la demanda , si bien su resolución contiene una extensa reflexión sobre los problemas que plantea investigar en España hechos ocurridos en otros dos países.
Las dudas del juez
El magistrado dedica una buena parte de la resolución a explicar por qué considera problemática la elección de España para juzgar hechos que habrían ocurrido íntegramente en el extranjero. Si bien reconoce que la nacionalidad española de Iglesias permite la activación del principio de personalidad contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, advierte que las principales pruebas y gran parte de las personas implicadas se encuentran en Bahamas y República Dominicana . Asimismo, señala que ambos países cuentan con sus propios sistemas judiciales y que no se han aportado elementos que permitan cuestionar sus garantías.
Una de las críticas más relevantes de la resolución se centra en la forma en que se ha presentado la denuncia. Los denunciantes atribuyen a dos gestoras de las residencias del cantante, identificadas como la Sra. M. y la Sra. Z., una participación directa en los episodios de violencia sexual y física . Sin embargo, ninguna de ellas figura entre las personas contra las que se dirige la acción penal. El juez considera que la narración omite detalles sobre la conducta que se les atribuye y advierte que esta omisión puede dificultar la reconstrucción de los hechos y limitar el derecho de defensa de Iglesias. Al ser extranjeras y haber ocurrido los hechos fuera de España, los tribunales españoles no tendrían, en principio, competencia para investigarlas .
A pesar de estas objeciones, el magistrado entiende que las deficiencias señaladas no justifican el sobreseimiento de la denuncia. Sin embargo, descarta uno de los delitos más graves denunciados por los exempleados: la trata de personas con fines de trabajo forzoso o servidumbre . Para ello, se basa, entre otros elementos, en las conversaciones aportadas en relación con la contratación de una de las mujeres. Según la orden judicial, fue seleccionada mediante una oferta pública en una red social, sabía que el puesto incluía alojamiento y aceptó dichas condiciones. El juez también destaca que el salario ofrecido superaba el mínimo establecido en la República Dominicana para trabajadores de grandes empresas y que no existe evidencia de que se le haya confiscado el pasaporte ni de que se le haya impedido comunicarse con otras personas.
La resolución añade que la trabajadora dejó el trabajo cuando decidió hacerlo y que, tras su salida, Iglesias atendió algunas de sus reclamaciones, incluidas las relativas a una carta de recomendación, el seguro y el pago de cantidades pendientes . En opinión del instructor, los hechos descritos no permiten probar la captación o el traslado con fines de explotación, ni ninguna intervención del cantante en dichas acciones. Asimismo, se niega a investigar delitos contra los derechos de los trabajadores porque, según explica, la legislación de Bahamas y República Dominicana no contempla un delito equivalente a los delitos penales españoles. En República Dominicana, dicha conducta se abordaría en el ámbito administrativo-laboral.
La orden judicial también se centra en los mensajes de WhatsApp que una de las denunciantes intercambió con uno de los administradores tras abandonar la residencia. El contacto se prolongó durante años y, en algunas conversaciones, la mujer preguntaba por el estado de salud de Iglesias . En enero de 2023, por ejemplo, le deseó feliz año nuevo; en abril de 2024, volvió a preguntarle si se encontraba bien. El juez considera que el tono afectuoso de esos intercambios presenta una aparente discordancia con algunos puntos de la denuncia y cree que debe aclararse durante la investigación. Sin embargo, advierte que estos fragmentos no permiten concluir que las agresiones no se produjeron y solicita que se examinen las comunicaciones en su conjunto.
En cuanto a la posible prescripción, el magistrado limita la investigación sobre lesiones y tratos degradantes a los hechos ocurridos después del 5 de octubre de 2021 , fecha que se toma como referencia para el cómputo de los cinco años. Solo se podrán examinar episodios anteriores si forman parte de la dinámica de un delito sexual que no haya prescrito. Respecto a las agresiones sexuales, considera prematuro dictar sentencia, ya que algunas de las conductas denunciadas podrían corresponder a categorías penales que, según la legislación vigente en el momento de los hechos, conllevaban penas menores y suscitaban dudas sobre su prescripción. La investigación permitirá determinar qué ocurrió y qué clasificación jurídica le corresponde.