Videos de hombres persiguiendo consumidores de drogas en barrios, irrumpiendo en viviendas y trasladando personas a la fuerza hacia supuestos centros de rehabilitación se han vuelto cada vez más frecuentes en redes sociales de República Dominicana.
Las imágenes, difundidas en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, muestran operativos donde algunos participantes aparecen uniformados como militares o agentes de seguridad, mientras otros utilizan esposas, inmovilizaciones y fuerza física para ejecutar los llamados “rescates”.
Aunque estos contenidos suelen presentarse como acciones de ayuda y recuperación, especialistas, abogados y familiares denuncian que detrás de los videos existe una realidad marcada por encierros forzosos, violencia, hacinamiento y centros que operan sin regulación oficial.
El fenómeno corresponde a los llamados anexos o centros informales de rehabilitación, estructuras que han crecido en el país en medio de la crisis de adicciones, la falta de espacios especializados y la desesperación de familias que buscan alternativas para tratar a sus parientes.
El caso más reciente ocurrió el pasado 30 de abril en La Romana, donde murió Kelvin Alexander De La Rosa Moronta, de 24 años, dentro del centro “Ejército de Dios: Rescatando al Caído”.
Aunque los responsables aseguran que el joven se suicidó, su familia cuestiona esa versión y denuncia presuntos maltratos y condiciones inhumanas dentro del lugar.
Las imágenes posteriores a la tragedia mostraron a la madre del joven intentando reanimarlo mientras lloraba sobre su cuerpo.
Especialistas explican que estos modelos de internamiento informal tienen antecedentes en los llamados “underground” de Estados Unidos y los “anexos” de México, surgidos como extensiones no reguladas de grupos de ayuda mutua para personas con adicciones.
Con el tiempo, el modelo se expandió por distintos países de América Latina impulsado por el alto costo de clínicas privadas, la falta de programas estatales y el aumento del consumo de drogas.
En República Dominicana, estos centros comenzaron a multiplicarse desde finales de los años noventa y principios de los 2000, aunque las redes sociales han acelerado su popularidad en los últimos años.
“El daño empieza desde el momento uno”, explicó el psiquiatra especialista en adicciones Víctor Figueroa. “Esto genera un trauma y una victimización del paciente. Lo primero que tenemos que salvaguardar es la dignidad humana”.
Muchos de estos lugares operan bajo nombres de fundaciones o ministerios religiosos y son dirigidos por personas que aseguran haber superado adicciones.
Uno de los más conocidos es Juan Carlos Martínez Guerrero, conocido en redes sociales como “El Rescatador”, quien se ha vuelto popular mostrando internamientos y procesos de rehabilitación.
“De 450 rescates que yo he hecho, algunos 20 han sido voluntarios; los demás han sido bajo presión”, declaró en entrevistas.
Sin embargo, especialistas cuestionan la efectividad de estos métodos y advierten sobre las elevadas tasas de recaída.
“Vamos a escuchar muchos testimonios de éxito luego que fueron a un anexo, pero cuando tú te vas a las estadísticas, son un número muy pequeño y las recaídas son altísimas”, sostuvo Figueroa.
La madre de Kelvin, Marlenys Amarante, relató que encontró el centro a través de TikTok y decidió internar a su hijo tras recibir promesas de atención psicológica, psiquiátrica y alimentación adecuada.
Según explicó, pagó 70 mil pesos de inscripción y 20 mil pesos mensuales.
No obstante, posteriormente descubrió condiciones de hacinamiento, suciedad y ausencia total de personal médico.
Pablo Alexander, hermano de Kelvin y también exinterno del centro, describió el lugar como una cárcel improvisada.
Videos entregados por exinternos muestran además escenas de personas esposadas, amordazadas y sometidas físicamente dentro de algunos de estos centros.
Tras la muerte del joven, su madre interpuso una querella formal contra los responsables del centro.
El director de Hogar Crea Dominicano, Julio Díaz, calificó el auge de estos grupos como “una moda sin ningún criterio científico” y aseguró que muchos operan sin habilitación del Ministerio de Salud Pública.
Abogados consultados advirtieron que algunas de estas prácticas podrían constituir delitos graves.
“Estamos hablando de golpes, heridas y encierro ilegal”, explicó el abogado Alberto Fiallo. “Ninguna institución privada puede ingresar a una persona a la fuerza sin autorización judicial ni supervisión médica”.
Especialistas también alertaron sobre las secuelas psicológicas que pueden sufrir las personas sometidas a este tipo de internamientos, incluyendo trastornos de estrés postraumático.
Mientras los llamados “rescatadores” continúan acumulando seguidores y viralizando operativos en redes sociales, crece la preocupación sobre quién supervisa estos centros que operan públicamente pese a las constantes denuncias.
Para muchas familias, la línea entre ayuda y abuso parece cada vez más difusa.
