La muerte de Luis René Contreras Martínez, de 42 años, dentro del centro de rehabilitación La Gloria de Dios, en Boca de Yuma, ha reavivado las denuncias sobre presuntos maltratos y la falta de regulación en estos establecimientos. Un reportaje de N Investiga revela que el fallecimiento, ocurrido el pasado 10 de julio, no trascendió públicamente, pese a que desde ese mismo día el equipo recibió denuncias de supuestas agresiones físicas y circunstancias irregulares que rodearon el caso.
La investigación señala que el centro, propiedad de Juan Carlos Martínez Guerrero, conocido como “El Rescatador”, aún no cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública para operar, aunque inició el proceso de regularización tras reportajes previos del programa. Familiares y denunciantes sostienen que Luis René habría sido víctima de maltratos antes de morir, mientras que el informe preliminar de las autoridades indica que sufrió un traumatismo craneoencefálico tras caer de un camarote.
Según el reportaje, las imágenes de vigilancia muestran al interno desplomarse cuando intentaba levantarse de la cama, pero familiares aseguran que parecía haber perdido previamente las fuerzas o el conocimiento. Esa versión coincide con testimonios que afirman que horas antes habría sido sometido a agresiones físicas, incluyendo presunta compresión del cuello y golpes en los genitales.
N Investiga plantea que persisten interrogantes sobre las verdaderas causas del fallecimiento, entre ellas si Luis René recibió algún tipo de agresión previa, si su condición física era compatible con permanecer en la parte superior de un camarote o si existió negligencia en su cuidado. El programa sostiene que será la investigación del Ministerio Público y los estudios forenses los que determinen si se trató de un accidente o si existen responsabilidades penales.
El trabajo periodístico concluye que este nuevo caso evidencia las deficiencias en la atención de personas con adicciones y trastornos mentales en República Dominicana, al tiempo que cuestiona la falta de supervisión efectiva sobre centros de rehabilitación que operan sin las condiciones y permisos exigidos por las autoridades.
