Santo Domingo.- Una denuncia depositada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuye supuestos manejos turbios a Miguel Surún Hernández como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), gremio que supuestamente le adeuda más de 8 millones de pesos.
De acuerdo con la denuncia realizada por el abogado Johnny de la Rosa Hiciano, el día 20 de noviembre de este año, Surún habría facilitado el dinero al Colegio de Abogados, sin tener un reporte que especifique el origen de la supuesta deuda.
La deuda de los RD$8,651,762 que el Colegio de Abogados supuestamente le debe a Miguel Surún Hernández aparece en la página 16 de un “Estado Financiero” de una auditoría presuntamente realizada por la firma Luperón Ramírez y Asociados, SRL. Este estado financiero fue colgado a la web del CARD bajo el título “Cuentas por Pagar a Proveedores”.
En la documentación, el abogado denunciante pide a la Pepca iniciar una investigación sobre estos hechos, que involucran no solo a Miguel Surún, sino también a Elsa María Alvarado Domínguez, quien ocupa el cargo de tesorera del CARD.
De la Rosa Hiciano alega que en ese proceso se violentó la regulación legal sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Sin declaración jurada
Conforme a la Cámara de Cuentas, Miguel Surún nunca ha realizado una declaración jurada de bienes, pese a que la Ley 3-19 del CARD dispone cumplir con esa prerrogativa.
El órgano fiscalizador atribuye colocarle trabas que han impedido realizar una auditoría que, en principio (enero 2019), había solicitado el propio gremio.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, en una carta enviada el 11 de agosto del presente año, a la Procuraduría General de la República, informó que el gremio está sujeto al control externo gubernamental a su cargo, pero se ha negado a colaborar.
“Sobre dicha postura tomada por el CARD, es necesario precisar, que la rendición de cuentas es una obligación para todas aquellas entidades que obtengan recursos del Estado y que en caso de inobservancia, es el Estado que debe de exigir su ejecución”, advirtió.
