El Gobierno de España, a petición de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha activado el mecanismo europeo de respuesta y solicita a la Unión Europea (UE) al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija, para colaborar en los trabajos contra los incendios que están arrasando diversos territorios de interior de la Península Ibérica, especialmente en la provincia de Ávila (Castilla y León) y en la Comunidad de Madrid.
Grecia ha aceptado la petición y ha ofrecido el traslado de dos aviones Canadair CL-415 para luchar contra el fuego, mientras que la UE ha movilizado otros dos aeroplanos que llegarán a territorio español desde Italia.
El Gobierno alertó de cara a este verano de unas fechas con numerosos incendios forestales, pero cuenta con los mismos aviones de apoyo para las comunidades autónomas que los que utilizó en 2025, un total de 42 aeronaves. En septiembre del pasado año, varias naves superaron el máximo de horas contratadas y obligaron al Ejecutivo a desembolsar alrededor de 2,1 millones de euros extra para afrontar los meses que quedaban de año ante la insuficiencia de los medios contratados.
En 2026, el Ejecutivo ofrece la misma cantidad de aviones con esa cifra de horas de vuelo limitada, pese a que Sánchez reconoce que el escenario de los incendios forestales es «más complejo». La escasez se ha visto retratada con la necesidad de pedir cuatro aeronaves a la Unión Europea.
El Gobierno declaró a última hora del jueves, tras la petición del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, y la negativa en primera instancia del delegado del Gobierno en la región, la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila «como consecuencia de la evolución de los incendios forestales» ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).
Hasta la fecha se han evacuado a cerca de 11.500 personas por la complicación de las llamas. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside este viernes la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se celebra en el Complejo de la Moncloa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid).
El giro del Gobierno
En cuestión de horas, el Gobierno central ha pasado de negarse a declarar la emergencia de interés nacional por los incendios que asolan la Comunidad de Madrid, solicitada en la noche del jueves por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a solicitar ayuda a la Unión Europea.
«Tienen que explicar y justificar esa solicitud», aseguraba el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, pese a que en el momento en el que pronunció esa frase, la cifra de ciudadanos evacuados para resguardarse de las llamas superaba los 10.000.
Pasada la medianoche, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entraba en razón y declaraba la emergencia solicitada por Ayuso y que Martín Aguirre había negado, basándose en «la concurrencia de estos incendios» y las condiciones meteorológicas «especialmente adversas» por el viento y el calor a las que se enfrentan los territorios, así como por la «necesidad» de movilizar «un importante volumen de recursos» de administraciones públicas diferentes.
El Ministerio del Interior valoró la «existencia de evacuaciones preventivas», la amenaza del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto «supraterritorial de la emergencia», según añadieron en la comunicación. Este viernes se ha conocido que España, a instancias de la UME, ha pedido colaboración a la UE para que envíe aviones llamados a colaborar en la lucha por la extinción de los incendios.
