Una mujer guatemalteca que residió durante casi 30 años en Estados Unidos abandonó el país bajo un proceso de autodeportación, dejando atrás a sus cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses, tras pasar cerca de siete meses detenida por las autoridades migratorias.
Se trata de Olga Pérez, quien abordó un vuelo el pasado 6 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, con destino a Guatemala, luego de aceptar su salida voluntaria para evitar permanecer por tiempo indefinido en un centro de detención migratoria.
Antes de partir, Pérez insistió en que nunca cometió un delito.
“No soy una criminal”, expresó la mujer, cuyo caso ha generado atención entre organizaciones de apoyo a inmigrantes.
Siete meses detenida en Arizona
Olga Pérez permaneció alrededor de siete meses recluida en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona.
Según organizaciones que la acompañaron durante el proceso, un juez de inmigración le concedió dos semanas de libertad condicional para organizar su salida del país mediante la figura de la autodeportación.
La mujer trabajó durante 20 años como traductora de lenguas indígenas en el Centro Guatemalteco Maya, donde asistía a migrantes hablantes de una variante poco común de una lengua maya en procedimientos legales y administrativos.
Sus hijos permanecen en Estados Unidos
Con la salida de Pérez, sus cuatro hijos, de entre 13 y 21 años, permanecen en Estados Unidos.
La hija mayor, Elisa, de 21 años, quedó a cargo del cuidado de sus tres hermanos menores.
“Mi mamá no ha hecho nada“, afirmó la joven al despedirse de su madre en el aeropuerto.
Tras llegar a Ciudad de Guatemala, Olga Pérez fue recibida por una comunidad de religiosas salesianas, donde permanecerá temporalmente gracias a las gestiones realizadas por el Centro Guatemalteco Maya.
Un caso que refleja el impacto de las políticas migratorias
El caso de Olga Pérez vuelve a poner sobre la mesa la situación de miles de familias de estatus migratorio mixto en Estados Unidos, en las que los padres carecen de documentación migratoria mientras sus hijos son ciudadanos estadounidenses.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes sostienen que este tipo de casos evidencia el impacto que las políticas migratorias pueden tener sobre la unidad familiar, especialmente cuando menores de edad quedan separados de sus padres.
Por su parte, quienes respaldan la aplicación estricta de las leyes migratorias consideran que las autoridades deben hacer cumplir la legislación vigente, independientemente del tiempo que una persona haya permanecido en el país.
Esta historia refleja el dilema que enfrentan numerosas familias inmigrantes, cuya permanencia en Estados Unidos depende de procesos judiciales y administrativos que, en muchos casos, terminan con la separación de padres e hijos.
