Alrededor de diez jueces han sido destituidos y separados del sistema judicial por la comisión de faltas graves durante la gestión de Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), según reveló este jueves el magistrado.
Durante un encuentro con periodistas que cubren la fuente judicial, Molina abordó el régimen disciplinario aplicado a los miembros de la judicatura y aseguró que las sanciones deben imponerse garantizando el debido proceso y con “estricto respeto a los derechos fundamentales de los jueces” investigados.
El presidente de la SCJ sostuvo que estos procedimientos deben desarrollarse sin caer en la politización ni en lo que calificó como un “linchamiento público” de los magistrados sometidos a investigación.
Molina explicó que durante su administración fue eliminada la práctica de suspender sin disfrute de sueldo a los jueces mientras se desarrollaban investigaciones disciplinarias en su contra.
Asimismo, indicó que se prohibió la interceptación de las llamadas telefónicas de jueces cuando se trate exclusivamente de investigaciones disciplinarias, al considerar que este mecanismo afecta el derecho a la privacidad.
Precisó que cuando durante una investigación disciplinaria aparecen indicios de una posible responsabilidad penal, el expediente es remitido al Ministerio Público, organismo al que corresponde determinar si existen elementos suficientes para presentar una acusación.
Pese a las destituciones registradas, Molina aseguró que los comportamientos inadecuados o susceptibles de sanciones representan menos del 1 % de los integrantes de la judicatura.
Plantea resolver hasta el 95 % de los casos sin llegar a juicio
Durante el encuentro, Molina también identificó como uno de los principales desafíos del sistema judicial dominicano la poca utilización de salidas alternativas y acuerdos entre las partes.
El magistrado consideró que el sistema penal debería aspirar a que entre el 90 % y el 95 % de los casos sean solucionados mediante mecanismos alternativos, dejando los juicios de fondo para aquellos procesos que realmente los requieran.
Advirtió que la práctica de llevar prácticamente todos los conflictos hasta un juicio contribuye a congestionar los tribunales y al uso excesivo de la prisión preventiva.
A su juicio, jueces, fiscales y defensores públicos deben asumir los acuerdos como una vía principal para solucionar determinados conflictos, lo que permitiría reducir el hacinamiento cautelar y hacer que la prisión preventiva sea utilizada verdaderamente como una medida excepcional.
Molina también cuestionó la celebración de audiencias iniciales destinadas únicamente a solicitar la comunicación de documentos que podrían ser depositados desde el comienzo del proceso.
Como ejemplo citó la jurisdicción contencioso-administrativa, donde determinados litigios de naturaleza principalmente documental podrían resolverse mediante expedientes escritos, sin necesidad de reproducir un esquema de juicio oral.
