HOUSTON, Texas- La llegada de la demócrata Gina Hinojosa a la Gobernación de Texas no permitiría eliminar con una sola firma las dos leyes migratorias SB4 (2017 y 2023) ni impedir los operativos federales de Inmigración.
Así lo explicó Armando Olmedo, asesor jurídico de TelevisaUnivision, durante una entrevista con Laura Sierra, presentadora de N+ Univision 45, sobre el escenario migratorio que le espera a Texas.
Olmedo distinguió tres asuntos que seguirían caminos diferentes: la derogación de las leyes estatales, la aplicación de las disposiciones relacionadas con los acuerdos de colaboración migratoria y las actuaciones de las agencias federales.
Las SB4 tendrían que pasar por la Legislatura
Ante la pregunta de si Hinojosa podría dejar sin efecto las leyes SB4 de 2017 y 2023 mediante una decisión unilateral, Olmedo descartó esa posibilidad.
“ No, no puede de un plumazo hacerlo”, respondió. Según explicó, la derogación requeriría la aprobación de ambas cámaras de la Legislatura de Texas y, posteriormente, la firma de la gobernadora.
El asesor también señaló que un nuevo fiscal general no tendría por sí solo la facultad de desactivar la aplicación penal a la que hizo referencia durante la entrevista, pues esta corresponde a las fiscalías locales.
Por ello, insistió en que retirar esas disposiciones del ordenamiento estatal exigiría completar el proceso legislativo.
La SB8 abriría un margen distinto de actuación
En cuanto a los acuerdos 287(g) entre ICE y autoridades locales, Olmedo explicó que la SB8 plantea una situación diferente porque no es una ley penal.
La diferencia central estaría en las atribuciones del fiscal general frente a las agencias sujetas a esa disposición que no cumplan con lo requerido. El abogado mencionó un plazo del primero de diciembre y precisó que el funcionario puede demandarlas, pero no está obligado a hacerlo.
“ Si el fiscal general decide no demandar, está bajo su discreción no hacerlo”, afirmó.
En el escenario descrito, esa facultad daría a una administración demócrata cierto margen respecto de las agencias que decidan no participar en los acuerdos 287(g).
La explicación de Armando Olmedo se centró en la posibilidad de no emprender esas demandas, no en una facultad de la gobernadora para cancelar unilateralmente todos los convenios.
Los operativos federales continuarían
Sobre la continuidad de los operativos de ICE en Houston y el resto de Texas, el asesor jurídico fue claro: un relevo en el gobierno estatal no modificaría la autoridad de las agencias federales para aplicar las leyes migratorias.
Olmedo señaló que ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, permanecen bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Por esa razón, explicó, el gobierno de Texas no podría impedir sus actuaciones.
“ Esto no crea un alivio” frente a la aplicación federal de las leyes de inmigración, advirtió.
Su análisis situó así los límites de un eventual cambio político: las decisiones estatales podrían incidir en determinados mecanismos de colaboración y en la búsqueda de una derogación legislativa, pero no supondrían la suspensión de los operativos federales.
