Casi 40 años después de la peor matanza de la historia reciente de América Latina, en El Salvador, un nombre confirma el secreto a voces sobre la participación de EE.UU. en la masacre El Mozote y su injerencia en Centroamérica.
Se trata del sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, un asesor estadounidense que estuvo presente en la masacre en la que fueron asesinadas más de 1.000 personas, y que fue perpetrada por el Ejército salvadoreño en diciembre de 1981, durante la guerra civil.
El nombre de este asesor fue revelado por primera vez esta semana por la perito estadounidense Terry Karl, quien compareció en medio del proceso judicial que se sigue en la nación centroamericana para establecer responsabilidades sobre esa matanza, que aún sigue impune.
Para la investigadora, las razones de las dilaciones forman parte de «un encubrimiento muy sofisticado«, que involucra a EE.UU. y a las autoridades salvadoreñas, para ocultar las violaciones de DDHH en la nación centroamericana y deslegitimar a las víctimas, calificando los hechos como «pura propaganda del FMNL [Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional]».
Dinero, armas e injerencia
Karl, una de las más calificadas expertas en las violaciones de Derechos Humanos durante la guerra en El Salvador, destacó que la época en la que se perpetró la masacre, el país centroamericano era el tercero en recibir mayor cooperación de EE.UU.
En los años 80, EE.UU. expandía los tentáculos de la Guerra Fría en el territorio salvadoreño para tratar de frenar al FMNL y la «influencia» de la izquierda en la región. Por ese motivo, estimó la perito, la masacre de El Mozote y zonas aledañas implicó un complejo entramado de omisiones diplomáticas, políticas y militares.
Uno de los principales artífices de esas maniobras de ocultamiento fue Elliott Abrams, quien entonces se desempeñaba como secretario de Estado en Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios.
La carrera de Abrams para desviar la atención sobre El Salvador tenía que ver con dos hechos claves: la cercanía de la ‘certificación’ sobre Derechos Humanos a El Salvador que debía hacer Reagan para garantizar la cooperación militar estadounidense, y la participación de Allen Bruce Hazelwood como asesor del ejército salvadoreño en la masacre a la población civil.
Uno de los principales artífices de esas maniobras de ocultamiento fue Elliott Abrams, quien entonces se desempeñaba como secretario de Estado en Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios.
«[Reagan] tenía que jurar que había un mejoramiento en materia de derechos humanos por parte del Ejército [salvadoreño]. Eso se llama ‘certificación’ y era muy importante porque esos son los momentos de aumentar o cortar la ayuda de EE.UU. Por eso el ‘timing’ de esta masacre era tan terrible desde el punto de vista del alto mando del ejercito salvadoreño, que quería más dinero, más ayuda, más asesores», comentó Karl.
La masacre había ocurrido en diciembre de 1981, el presidente de EE.UU. debía comparecer en el Congreso el 28 de enero de 1982 y, justo el día anterior, aparecieron los primeros reportajes sobre el tema en la prensa estadounidense. Al respecto, apuntó la perito: «Yo no tengo conocimiento de que él [Reagan] sabía o no de esto, pero lo que sí sé es que otra gente en el Gobierno sí sabía. Esa era la necesidad de encubrimiento».
En ese contexto, Abrams «comenzó a tener un patrón de negación», que incluyó el intento de desprestigio a los periodistas Raymond Bonner y Alma Guillermoprieto, que publicaron información sobre la masacre en la prensa estadounidense. El objetivo era restar credibilidad a esos relatos para que no se cuestionara la escandalosa certificación norteamericana, en un momento en que se producían flagrantes violaciones a los derechos humanos.
En el reportaje de Guillermoprieto, la periodista no solo dio cuenta de la devastación en El Mozote, sino que entrevistó a Rufina Amaya, una de las sobrevivientes de la masacre, quien le contó —igual que varios guerrilleros del FMNL— la forma en que la brigada éxito del Ejército salvadoreño ,»entrenada en el país por consejeros militares americanos especializados en ofensiva antiguerrillera y despliegue táctico», ejecutaron a hombres, mujeres y niños.
Según el testimonio de Amaya, «los soldados no tenían rabia. Se limitaron a cumplir las órdenes del teniente. Eran fríos. No era como en una batalla».
Y es que el segundo hecho clave de ese encubrimiento de Abrams tenía que ver con Allen Bruce Hazelwood, cuya presencia en El Salvador junto al ejército salvadoreño durante la masacre era «ilegal». Karl destacó que este oficial «está bien escondido» y rodeado de abogados para no hablar del caso, a pesar de que es «el único americano que puede saber cuáles eran las órdenes» en el momento en que se perpetró la matanza porque era «muy cercano» al coronel Domingo Monterrosa, quien comandó del batallón Atlacatl, que ejecutó los asesinatos en masa.
Según el testimonio de Amaya, «los soldados no tenían rabia. Se limitaron a cumplir las órdenes del teniente. Eran fríos. No era como en una batalla».
No obstante, Karl rescató una frase de Hazelwood que considera medular en la investigación para determinar quién dio las órdenes de la matanza: «No puedo decir que Monterrosa no la ordenó«.
«No puedo decidir qué era lo más importante, si la certificación o esto [la participación de Hazelwood]», agregó la investigadora estadounidense, cuyo testimonio se tendrá en cuenta en el juicio sobre El Mozote como anticipo de prueba.
Impunidad y ninguna investigación
En su exposición, Karl también hizo alusión a lo que pudo descubrir por su cuenta como investigadora del caso, tras las entrevistas a los protagonistas militares que hicieron seguimiento a los hechos: duda sobre la fiabilidad de los documentos desclasificados, alteración de informes y versiones contradictorias.
Uno de los episodios que resaltó fue que un funcionario estadounidense, que había sido enviado después de la masacre para investigar los hechos en El Salvador, admitió que había tenido «muy poca cooperación» cuando fue a Morazán y ni siquiera pudo estar en El Mozote porque los militares locales «estaban recibiendo órdenes» de no colaborar.
Las dificultades para hacer justicia, además, trascienden a los reportes falsos y pruebas engañosos. A la fecha, Karl admitió que no había encontrado «ni un solo documento» que certifique que hubo una investigación de los hechos por parte del Gobierno salvadoreño.
«No hubo ninguna disciplina para la gente que era responsable de las acciones que se perpetraron aquí».
