El Ministerio de Transportes, a través de Adif, ha adjudicado a Aldesa Construcciones SA la obra de ampliación de la Red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real por un importe de 12.593.353, euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En plena investigación en el caso Zapatero que incluye pagos de esta compañía al ex presidente socialista, esta empresa de capital chino logra otro jugoso encargo del Gobierno de Pedro Sánchez.
La adjudicación, formalizada este pasado 3 de julio de 2026, se suma a los más de 550 millones de euros que Aldesa y Puentes y Calzadas —ambas controladas por capital estatal chino— han acumulado en contratos públicos desde 2020. Con este nuevo contrato, la cifra conjunta rozaría los 562,6 millones de euros.
El expediente salió a licitación el 7 de enero de 2026, con un presupuesto base sin impuestos de 14,7 millones y un valor estimado de 17,6. Al concurso se presentaron 21 licitadores, según recoge la Plataforma de Contratación.
La adjudicación final, sin embargo, ha quedado por debajo de esas cifras: Aldesa se ha hecho con la obra por 12.593.353 euros. El contrato, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), contempla un plazo de ejecución de 679 días.
Un historial de adjudicaciones
El nuevo contrato no es un caso aislado. Aldesa, adquirida en 2020 por la estatal china China Railway Construction Corporation (CRCC), ha sumado 360 millones de euros en obras ferroviarias, de carreteras e infraestructuras estratégicas desde su entrada en el accionariado asiático. Puentes y Calzadas, controlada por la también estatal China Communications Construction Company (CCCC), suma otros 190 millones de euros.
Destacan las adjudicaciones en la variante de Rincón de Soto, el tramo Pinar de Las Rozas-Las Matas, la renovación ferroviaria entre Redondela y Vigo-Guixar, el Corredor Mediterráneo y obras de reconstrucción tras la dana en Valencia.
Aldesa se ha adjudicado entre 2021 y 2026 contratos de ADIF, la Dirección General de Carreteras o el Ministerio de Agricultura.
Los pagos a Zapatero
El vínculo entre Aldesa y el ex presidente del Gobierno está documentado en el caso Plus Ultra que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La constructora ha inyectado 127.000 euros en las cuentas de la sociedad instrumental Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez, Julito, amigo íntimo de Zapatero.
El pretexto legal general para justificar esos trasvases de fondos a Análisis Relevante ha sido la supuesta contratación de «informes de consultoría externa», aunque los investigadores de la UDEF sostienen que se trata de «contratos de prestación de servicios simulados, carentes de todo sustrato técnico o comercial».
El auto del juez Calama sitúa a Aldesa entre las empresas que «pagaba a la trama de Zapatero [a la compañía intrumental] a cambio de influencia para conseguir contratos públicos» y añade que la constructora «también prometió comisiones para hacerse con la construcción de un macrocomplejo hotelero en Tarragona».
La misma investigación ha detectado que la Comunidad de Madrid rechazó una oferta de Aldesa para ampliar la línea 11 de Metro, de 80 millones de euros, por considerarla «demasiado baja».
Este presunto cohecho no se limita al entorno de Zapatero. Un informe de la UCO, ha revelado que Aldesa también ha pagado 87.422,5 euros a Mediaciones Martínez, la sociedad instrumental vinculada a la trama de Leire Díez y la SEPI, entre julio de 2021 y junio de 2023.
Antecedentes financieros
La entrada del capital chino en Aldesa se remonta a finales de 2019, cuando la constructora madrileña arrastraba una deuda de 245 millones de euros en bonos y Moody’s había rebajado su calificación crediticia a bono basura.
CRCC desembolsó entonces cerca de 300 millones de euros por el 75% del accionariado, porcentaje que después ha ampliado hasta el 99%, frente a la oposición judicial —sin éxito— de la familia fundadora.
Pese a la inyección de capital chino, Aldesa ha seguido acumulando pérdidas, hasta alcanzar un patrimonio neto negativo de 445 millones de euros. En octubre de 2025, el Estado español, a través de Cesce, ha concedido a la compañía una línea de avales de 130 millones de euros que la constructora ha usado como garantía en concursos públicos.
Mientras la Justicia sigue destapando el entramado de comisiones opacas, ADIF ha vuelto a poner su firma al pie de un nuevo contrato con Aldesa. La pregunta que sobrevuela el sector ferroviario español es sencilla: ¿cuántos millones más tendrá que sumar la lista antes de que alguien ponga freno?
Versión de Aldesa
Por su parte, fuentes de Aldesa han trasladado que «no le consta la participación de Zapatero en la labor de consultoría y asesoría», aunque admite que «dicho contrato de consultoría se suscribió por el anterior CEO que ya no está en la compañía». La relación contractual fue con Análisis Relevante SL, sociedad administrada por Julio Martínez.
La constructora defiende además su trayectoria en el sector, señalando que «Aldesa fue durante años la constructora española de mayor tamaño entre aquellas que no cotizaban en bolsa» y que «ha mantenido una relación de colaboración masiva históricamente con las administraciones públicas» desde su fundación en 1969, «bajo gobiernos de distinto signo».
La empresa insiste en que «todos los procesos de adjudicación en los que ha participado Grupo Aldesa se han enmarcado en la legalidad» y que «Grupo Aldesa no está inmersa en ninguna investigación judicial». Estas fuentes de la compañía califican de «falsa e injuriosa» la acusación de que se pagó a esa empresa a cambio de contratos.
Sobre un proyecto con un complejo hotelero en Tarragona, Aldesa explica que, «en el marco de búsqueda de oportunidades de negocio que es una práctica habitual en el sector, Aldesa suscribió un acuerdo con Idella Consulenza Strategica» –de Julio Martínez–, acuerdo «exclusivamente enfocado a clientes privados». Según la compañía, «fruto de ese acuerdo no se llevó a cabo ninguna actuación, por lo que no llegó a sustanciarse ni a pagarse ninguna factura».
En cuanto al rechazo de su oferta para la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid, fuentes de Aldesa argumentan que «las empresas ajustan precios en función de distintos parámetros vinculados con su eficiencia operativa, economías de escala, disponibilidad de maquinaria, experiencia previa, capacidad técnica, optimización de plazos y procesos».
Añaden que «el hecho de que finalmente una administración considere insuficiente una justificación económica no supone ningún incumplimiento legal», sino que «forma parte de un procedimiento técnico sujeto a criterios administrativos», y recuerdan que «muchas compañías relevantes del sector han tenido ofertas revisadas o descartadas en distintos concursos públicos».
