MIAMI, Florida.- Cuando Manaury Olivarez George regresó a Estados Unidos el 28 de junio de 2025, lo hizo como residente permanente condicional. Había salido del país por un viaje y todavía tenía pendiente ante las autoridades migratorias una petición para eliminar las condiciones de su residencia.
Al presentarse ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el regreso tomó otro rumbo.
Las autoridades consideraron que una de sus condenas anteriores podía constituir un delito de vileza moral y, por esa razón, lo trataron como un extranjero que debía solicitar nuevamente admisión al país. Al día siguiente quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Olivarez George, ciudadano de República Dominicana, había recibido la residencia permanente condicional en septiembre de 2019. En agosto de 2021 presentó el formulario I-751 para retirar las condiciones de ese estatus. Más de cinco años después, esa petición todavía permanecía pendiente.
Su historial judicial también pasó a ocupar el centro del caso. En enero de 2024 fue condenado en Georgia por tres cargos de agresión simple, invasión de propiedad y obstrucción de una llamada telefónica de emergencia. Recibió ocho meses de encarcelamiento por uno de los cargos y períodos consecutivos de libertad condicional por los demás.
ICE sostuvo que al menos una de esas condenas podía convertirlo en inadmisible.
Pero la discusión comenzó a cambiar dentro del tribunal de inmigración.
Durante dos audiencias realizadas en julio y agosto de 2025, el juez migratorio no tomó una decisión sobre su solicitud de fianza mientras analizaba si las condenas realmente constituían delitos de vileza moral.
El 29 de septiembre de ese año llegó una decisión favorable para el dominicano. El juez de inmigración concluyó que ninguno de los delitos por los cuales había sido condenado calificaba dentro de esa categoría y ordenó terminar el proceso de remoción.
Sin embargo, Olivarez George no recuperó la libertad.
El Departamento de Seguridad Nacional apeló la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y el caso quedó nuevamente abierto. Mientras la apelación avanzaba lentamente, el dominicano permaneció detenido principalmente en el Krome North Service Processing Center, en Miami-Dade.
La espera tuvo además consecuencias sobre su salud. De acuerdo con el expediente federal, durante su detención fue hospitalizado por influenza y sufrió una reacción adversa a antibióticos. Después regresó a custodia migratoria mientras continuaban los síntomas.
En febrero de 2026 presentó una nueva petición de habeas corpus ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. Su argumento era directo: la detención se había prolongado indefinidamente sin que ninguna autoridad hubiera realizado una verdadera determinación sobre si debía permanecer encarcelado o podía salir bajo fianza.
La jueza federal Kathleen M. Williams terminó dándole la razón.
En una orden emitida el 12 de agosto, Williams observó que Olivarez George llevaba más de 13 meses detenido, un período superior incluso a los ocho meses que había pasado encarcelado por su caso penal en Georgia.
La jueza señaló además que el proceso se había extendido debido a la apelación presentada por el Gobierno y que el dominicano había participado de manera diligente en sus procedimientos migratorios.
La conclusión fue contundente: mantenerlo detenido por ese tiempo sin una revisión completa de custodia y sin una decisión sobre fianza violaba sus derechos de debido proceso.
Williams concedió la petición de habeas corpus y ordenó al Gobierno realizar una audiencia individualizada de fianza dentro de los siete días siguientes. Si esa audiencia no se realizaba, Olivarez George debía ser puesto en libertad.
La decisión no resolvió definitivamente su situación migratoria ni determinó si podía permanecer en Estados Unidos.
Pero después de más de un año encerrado, estableció algo que hasta entonces le había sido negado: el derecho a presentarse ante una autoridad y exigir que el Gobierno justificara por qué debía continuar detenido.
