Estados Unidos- Una jueza federal de Estados Unidos confirmó un fallo arbitral que obliga al Estado dominicano a pagar 44 millones de dólares al inversionista Michael Lee-Chin.
La resolución fue emitida por la jueza Colleen Kollar-Kotelly, quien respaldó completamente una recomendación previa dentro del proceso judicial y rechazó los intentos oficiales de invalidar el arbitraje.
El caso se relaciona con un litigio prolongado vinculado al control del vertedero de Duquesa, ubicado en Santo Domingo Norte, instalación considerada clave para la gestión de desechos de la capital dominicana.
El origen del conflicto se remonta a 2007, cuando autoridades municipales firmaron un contrato con la empresa Lajun Corp. SRL para operar el relleno sanitario utilizado por varias comunidades cercanas.
Posteriormente, el empresario Michael Lee-Chin, presidente de Portland Holdings Inc., adquirió de forma indirecta el 90 % de la compañía y parte de los terrenos relacionados con la operación del vertedero.
Con el paso de los años, la relación entre las partes se deterioró. En 2017, el Gobierno dominicano decidió rescindir el acuerdo al señalar presuntos incumplimientos administrativos y aspectos vinculados al manejo ambiental.
La decisión incluyó además la toma de control total de las instalaciones por parte del Estado, lo que el inversionista interpretó como una expropiación contraria a lo establecido en el contrato.
En 2018, Lee-Chin presentó una reclamación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, basándose en el tratado vigente entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe.
La demanda inicial superaba los 300 millones de dólares y buscaba compensación por la terminación del contrato y la pérdida de control del proyecto vinculado al vertedero.
En octubre de 2023, el tribunal arbitral concluyó que la terminación del acuerdo constituyó una expropiación y determinó compensaciones por 38.7 millones de dólares y 4.8 millones adicionales, más intereses.
Posteriormente, el Estado dominicano acudió a un tribunal federal en Washington para intentar anular el laudo arbitral, argumentando que no existía un acuerdo válido para ese proceso bajo la legislación estadounidense.
La jueza federal desestimó esos planteamientos al considerar que no se demostraron irregularidades en el procedimiento ni en los cálculos financieros utilizados durante el arbitraje internacional.
La decisión también limita el margen de nuevas apelaciones en tribunales inferiores y mantiene vigente la obligación de pago establecida en el fallo arbitral.
El abogado Richard C. Lorenzo, del bufete Hogan Lovells, señaló que su cliente valora el resultado y espera que el pago se ejecute en el menor tiempo posible conforme a lo ordenado.
La defensa estatal, representada por la firma Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, participó en el proceso judicial que concluyó con la validación plena del laudo internacional.
Con esta resolución, queda activa la ejecución de los procedimientos correspondientes para el cumplimiento de la compensación establecida por el tribunal federal.
