HOUSTON, Texas- La ciudad de Houston determinó que no procederá una ordenanza impulsada por tres concejales para regular las interacciones de la policía local con agentes federales de Inmigración, al considerar que contraviene la ley SB-4 del 2017.
Los promotores cuestionaron el criterio del departamento jurídico municipal y aclararon que el texto reproduce literalmente la orden ejecutiva vigente del alcalde John Whitmire.
La controversia llegó al pleno del Concejo, donde los representantes Alejandra Salinas y Edward Pollard intentaron abordar la propuesta. Sin embargo, el asunto no figuraba en la agenda y tanto el alcalde como el representante legal de la ciudad advirtieron que discutirlo en esas condiciones infringiría el reglamento.
Al finalizar la sesión, Whitmire defendió la postura de su administración y destacó que cualquier disputa sobre la legalidad de la medida debe resolverse ante los tribunales.
“ Eso no se puede litigar aquí, eso es en las cortes”, expresó el alcalde. “Aquí en Houston tenemos la orden ejecutiva que firmé y esa es la que está activa”.
Los promotores cuestionan el criterio jurídico
La iniciativa presentada bajo la Proposición A buscaba convertir en ordenanza las disposiciones de la orden ejecutiva del alcalde.
Según sus impulsores, incorporar esas reglas a la legislación municipal permitiría que las protecciones no dependieran de quién ocupe la alcaldía.
Pollard, concejal del Distrito J, manifestó su frustración ante lo que considera una contradicción: que se impida votar un texto por razones legales mientras se mantiene una orden ejecutiva con el mismo lenguaje.
Explicó que la redacción se copió deliberadamente para evitar objeciones de ese tipo y reclamó claridad sobre por qué las mismas instrucciones podrían aplicarse por decisión del alcalde, pero no aprobarse mediante una ordenanza.
Por su parte, la concejal Tiffany Thomas destacó que los residentes han expresado su respaldo a separar las funciones de la policía local de las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, para que los agentes se concentren en las prioridades de seguridad de Houston.
La disputa por las facultades del Concejo
En un pronunciamiento sobre la decisión, los promotores invocaron la Carta de la Ciudad, que, según citaron, faculta al Concejo para establecer mediante ordenanzas las reglas de funcionamiento de cada departamento municipal.
También señalaron que el departamento jurídico había reconocido previamente esa autoridad al determinar que los concejales podían prohibir las cuotas de paradas de tránsito y evitar que los policías prolongaran esas intervenciones únicamente por una orden administrativa de ICE.
A partir de esos antecedentes, cuestionaron que la oficina legal impida someter la iniciativa a votación. Argumentaron que corresponde a los tribunales determinar su legalidad y que la función del abogado de la ciudad es asesorar, no obstaculizar las atribuciones del órgano legislativo municipal.
Los impulsores pidieron a la administración reconsiderar su decisión. El representante legal de Houston, Arturo Michel, aclaró, por su parte, que la ciudad debe determinar si una propuesta es ilegal y aludió a la posibilidad de que una nueva administración estatal modifique la ley.
Sigue vigente la orden ejecutiva de Whitmire
La controversia también involucra la demanda presentada por el Procurador General de Texas, Ken Paxton, contra la orden ejecutiva del alcalde.
Whitmire dijo que habría preferido que el recurso no se hubiera interpuesto, pero defendió el cambio de política por considerarlo necesario, de sentido común y acorde con la voluntad de los habitantes de Houston. Asimismo, expresó su expectativa de que una nueva administración estatal desista de la demanda.