Un migrante venezolano de 63 años fue encontrado sin vida en la frontera entre Chile y Bolivia, cerca de la localidad norteña de Colchane, a unos 2,000 kilómetros de la capital, informó este lunes la Policía chilena a la prensa local.
Según las primeras informaciones, la muerte del hombre habría sido por causa natural, pero no se descarta la intervención de terceras personas, considerando que los humedales donde fue hallado son utilizados por “coyotes” para ingresar migrantes en situación irregular desde Bolivia a Chile.
Cada año, la llegada del verano austral aumenta el flujo de extranjeros que cruzan el altiplano para ingresar por pasos no habilitados a Chile. Decenas de ellos fallecen en el camino por los escasos recursos con los que enfrentan las condiciones extremas de su travesía: el clima es hostil, con fuertes ráfagas de viento durante los días calurosos y temperaturas bajo cero grados durante la noche.
Colchane, con casi 1,600 habitantes y ubicado a 3,700 metros de altura en pleno altiplano, ha quedado desbordado en múltiples ocasiones por las oleadas migratorias, en su mayoría compuesta por ciudadanos venezolanos, peruanos, haitianos y colombianos.
La semana pasada el gobierno del progresista Gabriel Boric anunció nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados, tras una nueva ola de hechos violentos ocurridos en las últimas semanas en las que los extranjeros tuvieron participación.
La migración irregular no es un fenómeno nuevo en Chile, pero en los últimos años se disparó exponencialmente. Casi 35,000 personas ingresaron de forma irregular desde enero hasta agosto de este año, según la Policía de Investigaciones.
La ley de migraciones, promulgada en 2021 bajo la segunda administración del conservador Sebastián Piñera (2018-2022), exige obtener visas en los consulados chilenos de los países de origen para evitar que extranjeros ingresen como turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.
El Observatorio de la Migración Responsable registró que en 2021 la cifra de entradas irregulares al país se triplicó y pasó de poco más de 16,000 en 2020 a 56,856; mientras que en 2022 se registraron 53,875.
