El Gobierno propuso eliminar beneficios fiscales a la industria de los juegos de azar y aumentar la carga tributaria sobre casinos, bancas de apuestas y cigarrillos electrónicos, como parte del paquete de medidas económicas presentado este jueves para enfrentar los efectos de la crisis internacional.
La iniciativa fue dada a conocer por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, durante una reunión con directores de medios de comunicación, previo a la presentación formal del plan gubernamental denominado “Medidas pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional”.
Entre las acciones planteadas figura la eliminación de la exoneración para la importación de máquinas de juegos de azar, un beneficio que actualmente reduce los costos de adquisición de estos equipos para los operadores del sector.
Asimismo, el Gobierno propone aumentar la tributación que pagan los casinos y demás actividades vinculadas a los juegos de azar, aunque por el momento no se han ofrecido detalles sobre el porcentaje o monto específico del incremento.
La propuesta también contempla la creación de un impuesto selectivo para los cigarrillos electrónicos y vapeadores, productos cuyo consumo ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente entre los jóvenes.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia con la que las autoridades buscan generar ingresos adicionales para las finanzas públicas en medio de un contexto marcado por la desaceleración económica global, las tensiones comerciales internacionales y el incremento de los costos energéticos.
El paquete económico incluye además un aumento de diez dólares a los pasajes aéreos y una subida del impuesto aplicado a cheques y transferencias electrónicas, que pasaría de 0.15 % a 0.20 %, entre otras disposiciones orientadas a fortalecer la recaudación estatal.
Según explicó el Gobierno, el conjunto de medidas persigue mitigar el impacto de la crisis internacional sobre la economía dominicana, al tiempo que busca preservar la estabilidad fiscal y financiar programas prioritarios sin afectar de manera directa a los sectores más vulnerables de la población.
