La Fiscalía de El Salvador aseguró que los principales líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) podrían recibir condenas de miles de años de prisión en el marco del juicio masivo que se desarrolla desde abril contra cientos de integrantes de la organización criminal.
Las autoridades salvadoreñas procesan a 485 miembros de la MS-13, incluidos los 22 integrantes de la denominada “ranfla histórica”, la máxima estructura de mando de la pandilla, por su presunta participación en decenas de miles de delitos cometidos entre 2012 y 2022.
“Con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”, afirmó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, en declaraciones difundidas por la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
El funcionario sostuvo además que a los acusados “no les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, en referencia a la magnitud de los cargos presentados por el Ministerio Público.
Según la acusación fiscal, los procesados enfrentan cargos por alrededor de 47,000 delitos, entre ellos homicidios, extorsiones y otros crímenes atribuidos a la estructura criminal. El caso es considerado por las autoridades como el primer juicio masivo dirigido contra la cúpula de mando de las pandillas en el país.
Líder histórico podría enfrentar hasta 25,000 años de prisión
Entre los acusados figura Borromeo Henríquez, alias “Diablito de Hollywood”, de 47 años, señalado como uno de los máximos líderes de la MS-13. Henríquez cumple desde 1998 una condena de 87 años de prisión por cientos de homicidios.
De acuerdo con Muñoz, el pandillero podría recibir una nueva sentencia de entre 15,000 y 25,000 años de cárcel si es hallado culpable de los cargos que enfrenta en este proceso.
La Fiscalía vincula a la estructura con los asesinatos de 87 personas ocurridos en marzo de 2022, una ola de violencia que llevó al presidente Nayib Bukele a declarar un régimen de excepción y lanzar una ofensiva contra las pandillas.
Críticas al régimen de excepción
Desde la implementación de esa estrategia de seguridad, unas 92,000 personas han sido detenidas, muchas de ellas sin orden judicial, según cifras oficiales.
Mientras el Gobierno sostiene que la medida ha permitido reducir drásticamente la violencia y desmantelar a las principales pandillas del país, organizaciones de derechos humanos y ONG nacionales e internacionales han cuestionado el proceso, alegando supuestas violaciones a derechos fundamentales, detenciones arbitrarias y falta de independencia judicial.
El Gobierno de Bukele rechaza estas acusaciones y defiende el régimen de excepción como una herramienta clave para combatir el crimen organizado y recuperar el control de los territorios históricamente dominados por las maras.
