Un Gran Jurado federal en Puerto Rico acusó a dos hombres por fraude al Programa Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).
Es el primer caso federal en la Isla que trasciende públicamente desde que comenzaron las investigaciones de las autoridades federales por fraude a esta ayuda aprobada por el gobierno federal.
El pliego acusatorio contiene tres cargos contra José Daniel Le Hardy Figueroa y Christoffer Pérez Vélez por fraude postal, conspiración para cometer fraude y robo de dinero del gobierno federal.
La acusación alega que el fraude consistió en $11,388 a través de una conspiración que duró entre el 28 de julio de 2020 y el 13 de agosto de 2020.
Según el pliego, ambos acusados conspiraron para enviar información falsa al Departamento del Trabajo de Puerto Rico para obtener compensación del PUA, que consiste en fondos aprobados por el gobierno federal como respuesta a la emergencia de la pandemia del COVID-19.
Alega que, como parte de la conspiración, ambos representaron al Departamento del Trabajo que Le Hardy Figueroa “estaba desempleado cuando, de hecho, estaba empleado a tiempo completo como cartero del USPS (Servicio Postal de Estados Unidos)”.
No es la primera vez que arrestan al cartero
Le Hardy Figueroa había sido arrestado previamente, el 31 de agosto del año pasado, por cargos de posesión con intención de distribución de cocaína y heroína, tras una investigación de la Policía de Puerto Rico que llegó a la Oficina del Inspector General del Servicio Postal.
De acuerdo con una declaración jurada radicada en el tribunal Le Hardy Figueroa fue intervenido por policías en el residencial Manuel A. Pérez, donde le ocuparon un arma de fuego en el vehículo que conducía.
En el auto también le ocuparon sustancias controladas, parafernalia, prendas, múltiples tarjetas de crédito, certificados de nacimiento y títulos de propiedad de autos que no le pertenecían al detenido, además de tres celulares.
También le ocuparon giros postales y cheques en blanco, así como cheques del Departamento del Trabajo de Puerto Rico que totalizaban $177,186.86 y $3,628.96 en efectivo.
El caso fue referido a las autoridades federales. Tras la acusación por un Gran Jurado, el Tribunal Federal concedió fianza con la condición de que cumpliera con un programa de tratamiento contra la adicción a drogas.
Sin embargo, en octubre la Oficina de Probatoria federal solicitó que fuera arrestado porque había violado condiciones de la fianza.
El hogar de tratamiento Guara Bi reportó múltiples violaciones, como haber arrojado positivo a narcóticos y rehusarse a continuar en el programa.
El Tribunal Federal concedió la petición y desde entonces permanece bajo custodia en la cárcel.
