La puertorriqueña Ana Celia Martínez, de 78 años, fue internada el pasado marzo en un centro de rehabilitación en Nueva York para recibir terapia continua tras la operación de su rodilla izquierda. Semanas posteriores, sus hijas Vivian y Alexa Rivera recibieron sus cenizas, tras haber sido contagiada con COVID-19.
Hoy, diez meses después, estas hermanas a través de su movimiento Voces para Ancianos se unen a los “gritos” que exigen una investigación federal “transparente” que revele cómo manejaron las autoridades estatales de Nueva York esta crisis y cuántos fueron realmente los ancianos internos en centros de cuidado prolongado que perdieron la vida entre marzo y agosto pasado, los meses más letales de la pandemia.
“Mi mamá tenía la memoria mejor que yo. Estaba muy saludable. Y en ese centro de rehabilitación para ancianos nos garantizaron que estaría protegida. Y las autoridades de Salud lo que hicieron fue poner un fósforo que encendió ese virus, matando a madres y padres que tenían todavía mucho que dar”, dijo emocionada Vivian, quien este miércoles se unió a otras familias afectadas para realizar una demostración frente a la sede del Departamento de Justicia (DOJ) en el Bajo Manhattan, en la exigieron al gobernador Andrew Cuomo que “diga la verdad”.
La exhortación de las hermanas Rivera al mandatario estatal no es un hecho aislado, tampoco la exhortación de la apertura de una investigación independiente.
Desde hace varios meses Cuomo ha sido el blanco de fuertes presiones y denuncias sobre su responsabilidad en la decisión del pasado 25 de marzo de trasladar a pacientes con COVID-19 que estuvieran “médicamente estables” a asilos de ancianos, cuando los hospitales del estado estaban saturados de infectados, para lo que en ese momento era un virus nuevo.
“Que este libro no se cierre”
Pero la controversia que rodea a las autoridades de Salud del Estado se encendió con otro combustible, luego que la Fiscal General de Nueva York Letitia James, reveló hace dos semanas una investigación que detalla que presuntamente la cifra de ancianos fallecidos durante los meses iniciales de esta crisis no han sido verdaderos: de acuerdo con los cálculos de esta denuncia se estima que murieron por lo menos un 50% más personas de la tercera edad que el número oficial reportado.
“Nuestros abogados han recogido testimonios de personal dentro del centro de rehabilitación donde estaba mami, que aseguran que en efecto, fueron trasladados pacientes de hospitales con COVID-19. Después con los meses nos enteramos que ese lugar ubicado en Islip, en Long Island, tenía varias violaciones anteriores. Esto es muy doloroso”, agregó Vivian.
Después de enfrentar airadas críticas, el Gobernador enmendó en mayo esa orden, prohibiendo a los hospitales trasladar a estos pacientes a los asilos de ancianos, a menos que arrojaran un resultado negativo para COVID-19. Esa decisión llegó tarde para centenares de familias neoyorquinas, como las hermanas Rivera, quien tras perder a su progenitora iniciaron una cruzada para que “este libro no se cierre, hasta que se conozca a fondo la verdad”.
“Después de semanas sin poder ver a mami, recibimos en una cajita sus restos. Irónicamente el día de la madres. Nosotras no vamos a descansar hasta que no haya reformas y haya justicia, para que las próximas generaciones estén más protegidas”, aseveró Alexa Rivera.
“Mi mami votó por Cuomo”
El gobernador Cuomo en medio del huracán que ha significado estas denuncias, ha reconocido algunas “malas desiciones” pero ha esgrimido en varios frentes que se trata “en el fondo de una asunto político con ánimo de perjudicarlo”.
“¡No es un asunto político! En mi caso yo soy demócrata. Mi mamá hoy muerta, votó por Cuomo. Se trata de transparencia. Vamos a insistir en nuestras dos preguntas: ¿Se mandaron enfermos con coronavirus a los asilos? ¿Han ocultado las cifras de los verdaderos muertos? ¿Sí o no?”, se preguntó Rivera.
La semana pasada un comentario de Melissa DeRosa, Secretaria del Gobernador, expandió aún más las dudas sobre la forma en que Cuomo ha manejado este tema, cuando admitió que la Administración estatal “ocultó información” a los fiscales federales para que el número real de fallecidos “no se usara en su contra”.
Ante esta declaración, cientos de familias en duelo que se agrupan en la organización Voces de los Ancianos creen que el único recurso de “lograr justicia”, es a través de una investigación federal independiente.
A esta solicitud, se ha unido también el Defensor del Pueblo de la ciudad de Nueva York Jumanee Williams, quien ha exigido una averiguación amplia al DOJ, no solo por las denuncias crecientes sobre el manejo de la crisis pandémica en los centros de ancianos, sino por la distribución poco justa de las vacunas en las comunidades más afectadas por el COVID-19.
“Hemos ido conociendo la verdad”
La puertorriqueña Aidé Pavel también sostenía este miércoles con dolor el retrato de su madre Alba Pavel, quien falleció a los 72 años, el pasado 6 de abril en un hogar de ancianos en Washington Heights, por una serie de complicaciones tras infectarse con COVID-19.
“Mis dos hermanos y yo decidimos ponerla en el cuidado en un centro especializado, porque tenía principios de demencia. Pero ella estaba bien, no tenía ninguna enfermedad. Y resulta que vivimos la desgracia que en ese asilo prácticamente la mataron”, resumió Aidé.
La isleña asegura que se unió al movimiento Voces para Ancianos, cuando conoció que supuestamente estaban ocultando el número real de personas que habían perdido la vida a causa de la pandemia en los centros de cuidado prolongado de personas para la tercera edad en todo Nueva York.
“Hemos ido conociendo la verdad. Y originalmente donde murió mi madre solo habían caído por el virus 13 personas. Pero todo indica que no es verdad. Murieron más de cien”, aseguró.
El reporte de la Fiscal:
- 8,400 fallecidos por COVID-19 en asilos de ancianos y centros de rehabilitación entre marzo y agosto del año pasado fueron las cifras oficiales preliminares del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH)
- 50% más muertos de esas cifra oficial se registraron en estos centros, de acuerdo a el informe de 72 páginas presentado por la Fiscal General de Nueva York Letitia James.
- 15,000 fallecidos sería, por lo menos, la cifra real total de fallecidos.
- 1,885 personas mayores supuestamente murieron en hospitales y no se incluyeron en el recuento oficial de muertes en hogares de ancianos del DOH.
