La Paz (EFE).- Los líderes ciudadanos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, informaron que la Fiscalía les admitió una denuncia penal contra el exmandatario Evo Morales y otros dos dirigentes sindicales, a quienes acusan por los daños causados por las protestas de mayo y junio para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.
Además de Morales (2006-2019), la acción legal está dirigida contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el máximo dirigente de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar.
El abogado del Comité Cívico de Santa Cruz, Diego Coimbra, explicó a los medios que los delitos por los que se acusa a Morales, Argollo y Salazar son «alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa» y que, además, podrían derivar en otros tipos penales, según avance la investigación.
Coimbra se presentó esta jornada en La Paz, junto al vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, para confirmar que en la víspera la Fiscalía admitió la denuncia penal contra los denunciados.
Zambrana dijo que Morales, Argollo y Salazar lideraron un «movimiento de destrucción» en busca de hacer una «toma del poder», con los bloqueos de caminos que afectaron principalmente a la zona andina del país y que luego se extendieron a otras regiones.
Piden una investigación profunda
Según el dirigente, la investigación también debería llegar a los parlamentarios que estuvieron «azuzando» las protestas y a quienes siendo parte del Gobierno, «no hicieron nada» para resolver la situación.
En una declaración a los medios, el expresidente Morales sostuvo que el Comité Cívico «no tiene ninguna autoridad», ni «moral» para denunciarlo, ya que esa entidad también recurrió en el pasado a huelgas y bloqueos, por los que, según dijo, no hubo ninguna denuncia penal.
