Por tráfico de drogas, adulterio, blasfemia o hasta brujería. En la actualidad, cerca de 86 países conservan la pena de muerte. No significa que todos la apliquen y cada legislación especifica el tipo delictivo, pero en 2025 Amnistía Internacional registró casi 3.000 ejecuciones en 17 países distintos: esto es un aumento del 78% respecto al año anterior. La semana pasada la famosa presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa fue condenada a la pena de muerte por pertenecer, presuntamente, a una red de narcotráfico. Tras presentar el recurso, en unas semanas, se sabrá si el Tribunal finalmente la ejecuta. Desde este otro lado de orilla se vuelve a generar el debate sobre la aplicación de esta pena. Las drogas son el principal delito que se castiga con la muerte, pero hay otros supuestos que resultan cuanto menos sorprendentes para ojos lejanos.
Brujería y hechicería
La pena capital por brujería y hechicería sigue existiendo en Arabia Saudí. No es sencillo definir tal supuesto porque, en realidad, no existe una definición legal concreta que lo especifique. El castigo por brujería se persigue bajo una determinada interpretación de la sharia (ley islámica), de la rama wahabista del islam suní, una corriente ultraconservadora y puritana. La falta de especificación concede un margen de aplicación difuso.
Se conocen casos como el de Mustafa Ibrahim, en 2007, ejecutado por practicar hechicería supuestamente para separar un matrimonio; el de Amina bint Abdulhalim Nassar, en 2011, decapitada por “ser una bruja”; Muree bin Ali bin Issa al-Asiri, ejecutado en 2012 por poseer presuntos talismanes mágicos. O el caso de Mohammad bin Bakr al-Alawi en 2014, por llevar a cabo actos mágicos. Fawza Falih fue condenada por haber “dejado impotente a un hombre con un hechizo”, pero Human Rights Watch consiguió interceder en la ejecución. En general, las autoridades saudíes no suelen desvelar los motivos que llevan a decidir estas penas de muerte que demasiado recuerdan a los juicios de Salem.
Blasfemia
Solo el año pasado tanto Pakistán como Afganistán llevaron a cabo condenas a muerte por apostasía y blasfemia. Solo en Pakistán en 2025 se registraron al menos once condenas, aunque no siempre se lleva a cabo la ejecución. Su código penal contempla diversos delitos religiosos y, en ciertos casos, se castiga con la pena capital también a menores de edad.
Es el caso de Shahzad Masih, de 16 años. Un joven cristiano acusado, presuntamente, por contarle a unos compañeros palabras despectivas sobre profetas musulmanes que habría pronunciado un familiar. Tras un largo proceso fue condenado en 2022, pero la comunidad internacional trató de intervenir. Tras permanecer varios años encarcelado, en 2025, Naciones Unidas volvió a insistir en la arbitrariedad de su condena. A día de hoy, de momento, no ha sido ejecutado.
Cuestionar al líder
Aunque no exista un delito tipificado bajo ese título, las consecuencias de cuestionar al líder o a las políticas del poder, en ciertos países, conllevan la muerte. Según el último informe de Amnistía Internacional, cierta crítica a la política puede implicar esa pena bajo el paraguas de otras figuras (utilizadas, tergiversadas o exageradas) relacionadas con terrorismo, seguridad nacional, espionaje, rebelión, traición o desestabilización del régimen.
China, Irán, Arabia Saudí o Yemen son algunos de los países donde se registran estas prácticas. Algunas actuaciones o simplemente manifestaciones de índole político pueden encuadrarse bajo ese precepto que, en realidad, esconde la ausencia de libertad de expresión. Un ejemplo especialmente notorio es el del profesor saudí Mohammed al-Ghamdi. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria examinó su caso después de ser condenado por expresar opiniones y divulgar publicaciones en Internet. Las leyes antiterroristas se estaban usando contra sus expresiones de disidencia y críticas al Gobierno. En 2023 fue condenado a muerte, pero unos meses después, finalmente, se le impusieron 30 años de prisión.
Otro caso sonado es el de Turki al-Jasser, periodista, escritor y bloguero saudí. Escribió para un periódico independiente y, según Human Rights Watch, administraba una cuenta anónima en redes sociales que publicaba contenido sobre corrupción y abuso de derechos humanos de la familia real. Fue detenido en 2018. Lo ejecutaron el verano pasado.
El caso de Kuwait
Relacionado con las dinámicas que acabamos de exponer, nos topamos con el reciente caso de Kuwait. Hace pocos meses el emir promulgó un decreto-ley sobre la lucha contra los delitos de terrorismo y el artículo 7 establece las agravantes. Lo complejo radica, como suele ocurrir, en la definición: se puede entender como terrorismo también la difusión de “información falsa” durante una guerra cuando concurran ciertas condiciones, por ejemplo, de seguridad nacional, orden público o espionaje. En esos casos, la perpetua puede pasar a capital.
La comunidad internacional señala que la tibia definición de terrorismo de la nueva ley es excesivamente amplia e imprecisa y considera que podría utilizarse contra la expresión política o disidencia incluso pacífica. De momento no se habrían registrado casos de ejecuciones, pero sí de investigaciones.
Relaciones sexuales
Las relaciones sexuales consentidas entre adultos fuera del matrimonio conllevan la pena de muerte en hasta 10 países miembros de la ONU. Ocurre algo similar con ciertos “actos homosexuales”. Es el caso de Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Uganda, Yemen o Nigeria. Las condiciones son diferentes en cada país, por ejemplo, Uganda reserva la pena capital para determinados supuestos definidos como “homosexualidad agravada”.
A 2026, sigue habiendo penas de muerte por brujería, blasfemia, insurrección o sexualidad. Los delitos relacionados con las drogas siguen siendo los más penados, reúnen el 46% de las ejecuciones y China, Irán, Kuwait, Arabia Saudí, Singapur o Tailandia son algunos de los más estrictos al respecto. China, por cierto, es el principal ejecutor del mundo, aunque no se conocen datos exactos porque su aplicación está considerada secreto de Estado. Ocurre algo similar con Vietnam o Corea del Norte, pero, dejando a un lado estos casos, Irán sería el siguiente país que más condenas de muerte ha llevado a cabo el año pasado, más de 2.000. Le siguen Arabia Saudí, Yemen y EEUU. Un debate que tras ciertas fronteras parece inviable, aunque en otras, y a la vista está, permanece incuestionable.
