MÉXICO. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió de que en Paraguay continuaron las agresiones contra los medios de comunicación y periodistas en el interior del país, y señaló que las demandas judiciales se siguen utilizando como «vía de amedrentamiento para acallar las críticas del periodismo independiente».
En un informe preliminar que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea General anual, que se celebra en estos días en la Ciudad de México, la SIP llamó la atención «sobre varios hechos», entre ellos «crímenes contra periodistas e impunidad».
En el capítulo dedicado a Paraguay, donde el pasado 15 de agosto asumió el Gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña, la SIP consignó que en ese mes agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional detuvieron a Roberto David Cardozo Rojas.
Contra el detenido se dictó una orden de captura como sospechoso del asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy, en septiembre de 2022.
Coronel Godoy fue atacado al salir de la emisora Radio Amambay, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, donde «solía cubrir temas sobre corrupción y crimen organizado».
Además, el organismo observó que en materia judicial «varios hechos se registraron dentro de un clima de acoso y hostigamiento».
En otros, mencionó que el Ministerio Público solicitó a los diarios ABC Color y Última Hora copias certificadas de artículos difundidos el año pasado y las identidades de los periodistas encargados de su redacción, como parte de una investigación promovida por una denuncia de supuesta persecución política presentada por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).
«Esto generó protestas y rechazo, porque se consideró un intento de amedrentamiento judicial para acallar críticas e incentivar autocensura», añadió el documento, que destacó que los periodistas afectados «organizaron protestas públicas bajo el lema ‘Señor Fiscal, yo redacté el informe’ y ‘No nos van a callar»‘.
Por otra parte, la SIP indicó, citando informes de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), que en octubre pasado el periodista Vicente Godoy, vinculado al medio Horqueta Digital, de la localidad homónima, en el departamento de Concepción (norte), «solicitó asilo en otro país tras recibir amenazas de muerte».
«Las amenazas contra Godoy estarían relacionadas con sus investigaciones periodísticas sobre posibles actos de corrupción que involucran al exintendente de Horqueta Jorge Emiliano Urbieta y a su hermano, el diputado Arturo Urbieta, ambos del Partido Colorado», añadió el informe, e indica que la SCP «repudió la ‘ineficacia’ de la Fiscalía y exigió que se esclarezca el caso y le brinde protección al periodista».
De igual forma, el informe reseña el caso de la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, de quienes indica que afrontan «dos causas por supuesta difamación con fines de amedrentamiento y censura».
En una querella autónoma (acción privada) , Marta González, exviceministra de Tributación, «requiere pena privativa de libertad y una indemnización de 1.400.000 dólares como sanción para Zuccolillo y Lezcano», detalló la publicación.
El juez de la causa, antes de acogerse a la jubilación voluntaria, aplicó «pena de multa para los dos» y una pena adicional a Zucolillo. Ambos apelaron, por lo que el caso sigue ante la Corte Suprema de Justicia.
Además -continúa la SIP-, González y su esposo demandaron a Zuccolillo y a Lezcano en otro caso por difamación por publicaciones en marzo de 2021. En este caso, los acusados fueron absueltos, según el documento.
