Santo Domingo, RD.- La democracia se fundamenta en la participación activa de los ciudadanos en el proceso electoral, y el voto es la herramienta esencial que permite esta participación. Sin embargo, en muchos países, el porcentaje de ciudadanos que acude a las urnas es preocupantemente bajo, poniendo en riesgo la representatividad y legitimidad de las autoridades elegidas.
Si observamos las estadísticas de los últimos procesos electorales en la República Dominicana, se evidencia una notable desescalada que inquieta a los analistas. Desde el año 2000 hasta el 2020, el país ha vivido seis elecciones presidenciales, todas marcadas por un aumento en la abstención a pesar del crecimiento del padrón electoral. En 2000, el 76.14% de los 4,251,218 convocados votó. En 2004, la participación cayó al 72.84% entre 5,020,703 electores, con una abstención del 27.16%.
Para 2008, con un padrón de 5,764,387, la participación descendió aún más y la abstención aumentó al 28.56%. En 2012, la tasa de participación fue del 70.15%, y la abstención subió al 29.85%. En 2016, la participación se redujo a 69.60%, y la abstención alcanzó el 30.40%.
En 2020, en plena pandemia, se registró la mayor tasa de abstención desde 1961. De 7,529,932 electores, solo el 55.29% votó, llevando la abstención al 44.71%. En las elecciones más recientes, la abstención a nivel presidencial ha sido del 45.63%.
Durante todos estos años, hemos escuchado una y otra vez que las causas de creciente abstención son por: desconfianza de los ciudadanos en el sistema político, la falta de opciones atractivas, el desinterés y apatía política, problemas logísticos y de accesibilidad, factores socioeconómicos, efectos de la migración o la fatiga electoral.
Lo cierto es que, en medio de este desinterés de acudir a las urnas cada cuatro años, también se enfrentan fenómenos que han exacerbado el problema, como la “compra de cédulas” y la “monetización del voto electoral” (venta del voto por parte del ciudadano), que se dan, especialmente, en los sectores empobrecidos, lo que es aprovechado por candidatos que tienen los recursos económicos necesarios para llegar por esta vía al poder.
¿Es necesario endurecer la democracia mediante la implementación del voto obligatorio? ¿Es una medida beneficiosa para enfrentar algunos males?
Algunos países ya contemplan el sufragio obligatorio en sus ordenamientos legislativos a nivel nacional, como Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Corea del Norte, Costa Rica, República Democrática del Congo (RDC), Ecuador, Egipto, Grecia, Honduras, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Nauru, Paraguay, Perú, Singapur, Tailandia, Turquía y Uruguay.
En nuestro caso, la Constitución dominicana acoge el voto como un “deber” del ciudadano, pero no una obligatoriedad. El Artículo 208 de la Carta Magna establece: “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.
Los defensores del sufragio obligatorio argumentan que, cuando todos los ciudadanos están obligados a votar, los resultados reflejan de manera más precisa la voluntad del pueblo, evitando que un pequeño grupo decida el destino de toda la nación. En países con baja participación electoral, las políticas pueden estar sesgadas a favor de intereses particulares, dejando fuera las necesidades de una gran parte de la población.
Además, el sufragio obligatorio fomenta una mayor conciencia y educación cívica, ya que los ciudadanos se sienten más incentivados a informarse sobre los candidatos y las propuestas políticas. Esto contribuye a una sociedad más informada y crítica, capaz de tomar decisiones basadas en el análisis y la reflexión.
El voto obligatorio también ayuda a combatir la desigualdad política, garantizando que todas las voces sean escuchadas y promoviendo una democracia más inclusiva y equitativa. Además, una alta participación electoral reduce la polarización y las tensiones sociales, ya que todos los sectores de la sociedad se sienten parte del proceso democrático.
Por supuesto, la implementación del voto obligatorio debe ir acompañada de medidas que faciliten el acceso al voto, como mejoras en la infraestructura electoral, la promoción del voto anticipado y por correo, y la educación cívica desde una edad temprana. O que se amplíen las opciones una de las opciones.
El sufragio obligatorio podría ser una solución viable para enfrentar la creciente abstención electoral en la República Dominicana, siempre y cuando se implementen las medidas adecuadas para garantizar su efectividad y respetar los derechos de los ciudadanos. Y lo más importante, que el proceso electoral sea accesible para todos los ciudadanos, sin barreras que dificulten su participación.
