Para miles de familias hispanas de Nueva York que ya batallan con el estrafalario costo de la vida y anhelan ver a sus hijos obtener un título universitario, una nueva ofensiva judicial de la Casa Blanca podría poner en peligro esa posibilidad: se interpuso un recurso judicial que plantea cerrar la puerta a ciertos programas de financiamiento de estudios superiores a indocumentados.
El efecto sería demoledor para por lo menos 29,600 estudiantes sin papeles que ya cursan estudios en centros de educación superior de todo el estado, de acuerdo con aproximaciones de la Alianza de Rectores Universitarios para la Educación Superior y la Inmigración.
Hasta ahora la gobernadora Kathy Hochul quien enfrenta judicialmente la medida, se muestra optimista de que precedentes en otros estados, podrían poner un freno a la intención de la Administración Trump.
Mientras todo transcurre en los tribunales, en las calles de la Gran Manzana muchos padres de familia se debaten entre el temor de que el “sueño universitario” de sus hijos se pueda desplomar.
Para Palmira Sánchez, una asistente domiciliaria colombiana indocumentada y madre de dos hijas gemelas que sueñan con estudiar carreras de ciencias de la salud, cualquier recorte a las ayudas universitarias representaría un “portazo en la cara” difícil de superar.
“Mis hijas estudian en una escuela pública y aun así significa un gran esfuerzo pagar la renta, los alimentos y mantener una mínima capacidad de ahorro. Es una lucha poder llegar a fin de mes. Por eso, para mí como madre soltera, la posibilidad de desembolsar miles de dólares para estudios universitarios es en este momento imposible. Eso no quiere decir que las cosas no puedan cambiar. Pero ahora mismo es imposible”, relató.
El caso de Sánchez refleja la vulnerabilidad económica de muchos hogares inmigrantes, aunque el efecto directo de la nueva ofensiva federal dependerá del estatus migratorio y de la elegibilidad de cada estudiante.
Hay que aclarar: ser hijo de padres indocumentados no impide automáticamente recibir ayuda universitaria. Si el joven es ciudadano estadounidense, residente permanente o pertenece a otra categoría migratoria elegible, puede solicitar asistencia federal independientemente del estatus de sus padres.
El riesgo inmediato podría recaer sobre los propios estudiantes indocumentados que actualmente pueden pagar matrícula estatal en instituciones públicas y solicitar ayudas financiadas por Nueva York.
La demanda tampoco afecta por igual a todas las familias inmigrantes. Un estudiante ciudadano estadounidense conserva, en principio, su capacidad de presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) aunque sus padres sean indocumentados, y también puede calificar para Pell, préstamos federales y ayuda estatal si cumple los demás requisitos.
Lo mismo ocurre con residentes permanentes y ciertas categorías de no ciudadanos elegibles.
Sin embargo, como destacan los defensores de los inmigrantes las familias de estatus mixto pueden enfrentar otras barreras: temor a entregar información, desconocimiento de las reglas, dificultades lingüísticas o confusión sobre si la condición migratoria de los padres puede perjudicar al estudiante.
Nos preocupa profundamente el lenguaje deshumanizante empleado para referirse a nuestras comunidades, cuyos integrantes trabajan con perseverancia para acceder a las oportunidades a las que todos aspiramos».Francisca FajanaDirectora de Estrategia de Justicia Racial de LatinoJustice
Lo que pretende el gobierno federal
En los hechos, el Departamento de Justicia presentó el 10 de agosto una demanda contra el estado de Nueva York para impedir que los estudiantes indocumentados continúen recibiendo tarifas de matrícula estatal, subvenciones y becas públicas. La Administración federal inició acciones similares contra Connecticut y Vermont.
La demanda llega en un momento especialmente delicado, es decir cuando el semestre de otoño de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) comienza el 28 de agosto y miles de familias deben terminar de organizar pagos, horarios laborales, transporte, libros y otros gastos universitarios.
El Gobierno federal pide al tribunal que bloquee las leyes, regulaciones y políticas que permiten a ciertos estudiantes sin estatus migratorio legal recibir: la tarifa de matrícula reservada a estudiantes del estado, ayuda mediante el Tuition Assistance Program, conocido como TAP, becas y subvenciones administradas por Nueva York y otros beneficios estatales vinculados al acceso a la educación superior.
Sin embargo, la demanda en sí no significa que esos beneficios hayan desaparecido.
Hasta ahora no se ha emitido una orden judicial que los suspenda y como confirman voceros estatales “las solicitudes del DREAM Act de Nueva York para el año académico 2026-2027 continúan abiertas”.
Todo sigue igual
Por esa razón, organizaciones defensoras de los inmigrantes recomiendan que los jóvenes elegibles no abandonen sus solicitudes, ni asuman que perdieron automáticamente la ayuda. El escenario actual es de incertidumbre jurídica, no de cancelación inmediata.
En este sentido, Francisca Fajana, directora de Estrategia de Justicia Racial de LatinoJustice (PRLDEF) condenó lo que calificó como un nuevo intento de la Administración Trump de impedir que los estudiantes indocumentados accedan a la educación superior.
“Nos preocupa profundamente el lenguaje deshumanizante empleado para referirse a nuestras comunidades, cuyos integrantes trabajan con perseverancia para acceder a las oportunidades a las que todos aspiramos. Continuaremos respaldando a los estudiantes inmigrantes y a sus familias y defendiendo las políticas que amplían las oportunidades de educación superior para los latinos, los inmigrantes y las comunidades de color”, reaccionó la activista en un comunicado.
De acuerdo con el comunicado oficial del propio Departamento de Justicia (DOJ), estas acciones elevan a 17 el número total de demandas presentadas contra jurisdicciones con políticas similares.
Según un recuento difundido por el propio DOJ, la agencia federal ya logró que Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois vieran bloqueadas o invalidadas leyes que ofrecían matrícula de residente a estudiantes indocumentados.
Asimismo, en marzo una jueza federal desestimó la demanda contra una ley similar de Minnesota, al concluir que la elegibilidad no dependía de la residencia, sino de haber cursado y terminado la secundaria en ese estado, un criterio que en teoría, cualquier ciudadano estadounidense también podría cumplir. El gobierno federal apeló ese fallo.
El propio Departamento de Justicia afirmó, en un comunicado oficial que este tipo de leyes “crean incentivos para la inmigración irregular y recompensan a los extranjeros indocumentados”.
Según ese mismo argumento federal, Nueva York coloca en desventaja a un ciudadano estadounidense de otro estado, que debe pagar una tarifa más elevada, mientras permite que ciertos estudiantes indocumentados accedan a los costos universitarios de un residente.
NY da la pelea
Según pudo confirmar El Diario con la Administración de la gobernadora Hochul, estos beneficios de auxilio financiero no se conceden por residencia, ni por condición migratoria, sino por trayectoria educativa dentro del estado.
De acuerdo con los requisitos de la ley estatal, el estudiante debe haber asistido al menos dos años a una escuela secundaria aprobada en Nueva York, haberse graduado y solicitar admisión universitaria dentro de los cinco años siguientes.
Asimismo, los estudiantes indocumentados también deben presentar una declaración jurada en la que se comprometen a solicitar la regularización de su estatus cuando sean elegibles.
“Si bien nuestra oficina está revisando actualmente la demanda, confiamos en que la normativa de Nueva York es legal y será ratificada. En consonancia con la ley, la gobernadora considera que todos los estudiantes de secundaria de Nueva York merecen la oportunidad de cursar estudios superiores en el estado”, dijo la fuente.
El portavoz estatal esgrimió que la normativa estatal es similar a una ley de Minnesota que fue ratificada recientemente.
“Al igual que en el caso de la ley de Minnesota, la elegibilidad para acceder a las tarifas de matrícula para residentes en Nueva York, basada en haber cursado y completado la educación secundaria en dicho estado, es coherente con los requisitos establecidos por la ley federal codificada en el artículo 1623 del título 8 del Código de los Estados Unidos (8 U.S.C. 1623)“, subrayó.
Una diferencia de miles de dólares
El desenlace de la demanda podría determinar si algunos estudiantes pueden continuar sus carreras sin enfrentar un aumento considerable en el costo de la matrícula.
Según las tarifas publicadas por CUNY, la matrícula anual para un estudiante de tiempo completo en una universidad de cuatro años es de $6,930 para los residentes del estado de Nueva York y de $18,600 para los no residentes, suponiendo una carga de 30 créditos anuales. Esto representa una diferencia de $11,670 por año.
En los community colleges, la matrícula anual es de $4,800 para residentes y $9,600 para no residentes, una diferencia de $4,800.
A partir de esas tarifas oficiales, si un estudiante perdiera la matrícula estatal durante los cuatro años de una carrera universitaria y los precios permanecieran sin cambios, podría pagar hasta $46,680 adicionales, sin incluir cuotas obligatorias, libros, transporte, tecnología, alimentación ni vivienda.
¿Qué programas podrían quedar en riesgo?
En el peor de los escenarios que prospere la demanda, no todos los beneficios desaparecerían necesariamente de la misma manera. El alcance dependerá de la orden que eventualmente dicte el tribunal, de las disposiciones específicas que sean invalidadas y de la respuesta legal o presupuestaria del estado:
- El José Peralta New York State DREAM Act, aprobado en 2019, no es en sí mismo una beca: es la puerta que permite a estudiantes indocumentados y a otros jóvenes elegibles solicitar programas estatales de financiamiento. Si el Gobierno federal obtiene una orden judicial amplia, podrían quedar en riesgo.
- Tuition Assistance Program (TAP): Ayuda para matrícula en instituciones aprobadas de Nueva York, según ingresos familiares y situación académica.
- Excelsior Scholarship: Cubre el saldo de matrícula en CUNY/SUNY tras aplicar otras ayudas. Exige tiempo completo y créditos mínimos.
- Enhanced Tuition Awards: Asistencia para universidades privadas participantes de Nueva York.
- Becas STEM: Incentivos para carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
- Programas de oportunidad (SEEK, College Discovery): Acompañamiento académico y, en algunos casos, apoyo económico
- Otras becas y condonaciones estatales, subvenciones e iniciativas administradas por Nueva York bajo el DREAM Act.
El dato:
- 4,000 estudiantes indocumentados aproximadamente se gradúan de secundaria en Nueva York cada año, lo cual es el flujo anual de jóvenes que entrarían al sistema DREAM Act.
