La justicia de El Salvador dictó este lunes la primera condena a cadena perpetua por feminicidio desde que el país incorporó esta pena a su legislación, al sentenciar a un hombre de 39 años por el asesinato de su vecina en Santa Ana.
El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana condenó a Eduardo Mauricio Urbina García por el feminicidio agravado de una mujer de 32 años, ocurrido el pasado 3 de agosto en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara. Además de la prisión perpetua, el tribunal ordenó el pago de 15,000 dólares por responsabilidad civil.
De acuerdo con la acusación fiscal, Urbina había consumido bebidas alcohólicas antes de dirigirse a la vivienda de la víctima. El hombre ingresó sin autorización al inmueble armado con un cuchillo y la atacó después de que ella rechazara sus avances.
La víctima sufrió múltiples heridas profundas en el tórax y el cuello que le provocaron la muerte. La autopsia también estableció lesiones en sus brazos, compatibles con un forcejeo y con intentos de defensa durante la agresión.
La Fiscalía sostuvo que el condenado había acosado a la mujer durante meses. Según familiares de la víctima citados por medios salvadoreños, ella y su madre incluso habían acudido previamente a la Policía para reportar el comportamiento del hombre.
La sentencia fue emitida 42 días después del crimen, tras un procedimiento abreviado en el que Urbina García fue declarado culpable.
Segunda condena perpetua en el país
Aunque se trata de la primera sentencia de prisión perpetua por feminicidio, Urbina García es la segunda persona condenada a esta pena en El Salvador desde la reforma que permitió su aplicación.
La primera fue dictada el pasado viernes contra Carlos Arturo Herrera, de 31 años, condenado por homicidio agravado y robo. Ese fallo se convirtió en la primera sentencia de cadena perpetua emitida en el país.
La posibilidad de imponer prisión perpetua surgió tras una reforma al artículo 27 de la Constitución aprobada inicialmente el 17 de marzo y ratificada el 26 de marzo de 2026. La modificación eliminó la prohibición constitucional de las penas perpetuas y habilitó su aplicación para delitos de extrema gravedad.
Posteriormente, la Asamblea Legislativa reformó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres para establecer la prisión perpetua en los casos de feminicidio y feminicidio agravado.
Las reformas también modificaron el Código Penal, el Código Procesal Penal, la legislación contra el terrorismo y la Ley Penal Juvenil. La normativa contempla mecanismos de revisión de las condenas perpetuas después de determinados períodos, por lo que jurídicamente se trata de una pena revisable y no de una prisión necesariamente irreductible hasta la muerte.
La incorporación de esta pena forma parte de la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, cuyo gobierno mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción contra las pandillas. La medida ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos debido a denuncias sobre detenciones arbitrarias y otras vulneraciones.
