En una iniciativa sin precedentes, el Estado argentino pidió disculpas públicas a una mujer que fue víctima de violencia de género por no haberle brindado protección a tiempo.
Las autoridades del país sudamericano se comprometieron en un acto por videoconferencia a ofrecer una «reparación integral» a la mujer y a su familia, así como a tomar «acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia», según consta en el documento oficial que fue leído durante el encuentro virtual.
«Hoy vivimos un momento histórico: por primera vez el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional y pidió disculpas públicamente ante un caso de violencias de género, el de Olga del Rosario Díaz, resultado de una intervención judicial machista y patriarcal», dijo tras el acto la ministra de Mujeres, géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta desde la red social Twitter.
Olga del Rosario Díaz, de 65 años, denunció a la Justicia acciones violentas por parte del padre de sus hijos, Luis Palavecino, desde el año 2002.
El tiempo transcurrió sin ninguna medida que la resguardara y Olga sufrió hechos de violencia durante varios años. En 2017, ya separada definitivamente, fue atacada por su expareja, que le asestó 5 puñaladas que la obligaron a pasar 45 días internada en terapia intensiva.
Tras recuperarse, Díaz tomó la decisión —junto a la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa (MPD)— de denunciar al Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw, por sus siglas en inglés) por no haber respondido a todas las denuncias que ella hizo.
El 23 de octubre de 2019, se firmó un acuerdo de solución amistosa entre el Estado Nacional y Olga Díaz. En el documento, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial dado al caso, al considerar que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género.
Justicia «deficiente»
Según reconoció en el acto de este jueves la ministra Gómez Alcorta, en todo ese proceso que vivió Olga del Rosario Díaz el accionar de la Justicia «fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos».
Además, señaló una serie de prácticas revictimizantes, como la «ausencia de instancias apropiadas para asegurar una escucha activa y respetuosa» para la denunciante, quien luego de escuchar a los funcionarios tomó la palabra.
«Acepto las disculpas de cada uno de ustedes, las acepto en nombre de todas las que no fueron escuchadas», dijo Díaz.
Y continuó: «Acepto estas disculpas porque he visto que están trabajando y están enfocados en los cambios judiciales para poder aceptar a las víctimas con empatía y con seguridad que pueden ir y van a encontrar un respaldo, una solución que van a ser escuchadas. Acepto estas disculpas por ellas, por mí y por todas las mujeres que sufren violencia», manifestó.
Una historia de violencia machista
El calvario vivido por Olga del Rosario Díaz se remonta al año 2012, cuando, tras descubrir una infidelidad de quien era su marido y padre de sus cuatro hijos, decide separarse.
Desde entonces, Luis Palavecino, quien no aceptaba terminar el vínculo, la agredió, la amenazó y ejerció sobre ella violencia psicológica, simbólica y económica, además de la física.
Si bien pudo irse a vivir con sus hijos en forma definitiva, Palavecino siguió hostigándola, mientras que el juzgado que llevó su causa le insistía con hacer una mediación.
El 24 de marzo de 2017, su expareja la apuñaló cinco veces en la puerta de su casa. El agresor también atacó a uno de sus hijos y a vecinos, que intentaron defenderla.
Olga pasó 45 días internada por las múltiples heridas, la más grave en el cuello. Y estuvo otros tres meses en recuperación.
Estos son los compromisos asumidos por el Estado:
Elaborar y publicar un documento con «Principios Generales de Actuación», dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos.
Capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias.
Incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que conste el trámite que se les imparte.
Comunicar el acuerdo de solución amistosa a los juzgados y tribunales con competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de violencia de género, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
