Si se revisara el escritorio del doctor Julio Montenegro, alguien despistado podría concluir que se trata de un narco abogado. Posiblemente encontrará ahí los expedientes de más de 30 ciudadanos, a quienes defiende, acusados de tráfico o posesión de drogas en los tribunales de Nicaragua. Sin embargo, el doctor Montenegro es un reconocido promotor de derechos Humanos, y desde abril 2018 se ha dedicado por entero a la defensa de los ciudadanos que, por razones políticas, encarcela el régimen de Daniel Ortega.
No se trata de que Montenegro decidió ahora defender narcotraficantes, sino, según explica, que el régimen de Ortega decidió acusar por delitos comunes, generalmente por narcotráfico, a los ciudadanos que detiene por ser opositores.
“Se han vuelto comunes las acusaciones por narcotráfico”, dice el abogado Montenegro, quien pertenece a una organización de juristas llamada Los Defensores del Pueblo. “Inicialmente era fácil detectar a las personas detenidas por razones políticas. Se hablaba de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, secuestros extorsivos y robos agravados que supuestamente cometían las personas cuando estaban en los tranques (barricadas), entre otras cuestiones. Después decidieron maquillar esto y se hizo más difícil identificar los casos desde la perspectiva de delitos políticos”.
Uno de los defendidos por Montenegro es Sergio Beteta. Este joven fue detenido violentamente por la Policía el 21 de diciembre pasado, cuando quemó una bandera del Frente Sandinista y enarboló la bandera de Nicaragua en la concurrida Avenida Universitaria de Managua. Dos días más tarde estaba siendo acusado de “tráfico de estupefacientes” y “tenencia ilegal de armas”.
Sergio Beteta fue detenido por la Policía el 21 de diciembre pasado, cuando agitaba una bandera de Nicaragua en una vía pública. Dos días después fue acusado por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.
“A quién se le va ocurrir salir a protestar con droga y armas sabiendo que va a ser detenido”, dice Montenegro para evidenciar el contrasentido. “A Sergio todo mundo lo vio en la calle, pidiendo la unidad de la oposición, quemando la bandera de un partido, y blandiendo la bandera azul y blanco. Sin embargo, después apareció con seis óvulos de marihuana”.
Para Pablo Cuevas, el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), los cargos por delitos comunes contra los opositores persiguen tres objetivos. El primero, infundir terror entre quienes critican la línea oficial; segundo, sembrar la idea de que en Nicaragua no hay presos políticos; y tercero, “sacar de circulación a personas que han mantenido algún tipo de liderazgo, que han desafiado al poder y se han puesto al frente de la lucha”.
En este último propósito ubica la detención en la ciudad de Masaya de Benjamín Gutiérrez, conocido como Tikay, el 13 de enero anterior, y quien ahora es acusado de “tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas”. “Don Benjamín es una persona con un liderazgo conocido, le fabrican un delito común y se quitan de en medio a una persona que seguramente motivará a otros para que compartan su pensamiento y su sentir”, dice Cuevas.
Para que esta fábrica de “delitos inverosímiles” funcione, dice Cuevas, hay una confabulación en lo que llaman “el triángulo del mal”: Policía, Fiscalía y jueces.
“La Policía ejecuta capturas, luego traslada el expediente a la Fiscalía y acomoda de mejor manera, y luego, el último eslabón son los jueces, que hacen juicios de manera semiclandestina para evitar que el ciudadano sea asistido por un abogado de su confianza, admiten pruebas obtenidas de manera ilegal, botan las pruebas que benefician reo y finalmente, a pesar de las contradicciones, condenan”, describe.PlayEl momento de la detención de Sergio Beteta en Nicaragua
Cuervas agrega una cuarta pata a la silla: “Son los que la gente llama sapos (simpatizantes del régimen). Son personas que espían a sus vecinos. Es una organización delictiva porque es un delito que una persona espíe a otra. Ellos mantienen informada a la Policía”.
Aunque el delito preferido para condenar opositores es el narcotráfico, hay otros en el repertorio. “La CPDH ha documentado varios casos donde se evidencia que estos ciudadanos no habían cometido delitos y su detención se debe a motivos políticos. Es típico acusarlos de tenencia o tráfico de drogas, así como robo con fuerza, robo con intimidación, o tenencia o portación ilegal de armas”.
El abogado Julio Montenegro dice que este tipo de acusaciones busca además estigmatizar al opositor, a tal punto que ellos mismos como organización de derechos humanos, deben hacer investigaciones para asegurarse que su defendido es en realidad un reo político.
“Todos los casos que asumimos, de previo hacemos un estudio porque hacemos una defensa dentro de la dinámica de derechos humanos, entrevistamos a los familiares, vemos publicaciones en las redes para saber si eran o no parte de esa protesta cívica”, dice.
El abogado Julio Montenegro, de Los Defensores del Pueblo, en uno de los muchos juicios a presos políticos.
Esta fábrica de delitos, coinciden los juristas, es particularmente implacable con quienes considera “traidores”, personas que antes apoyaban al régimen y luego decidieron enfrentarlos.
Entre estos casos, el más famoso es el de Marvin Vargas, alias “El Cachorro”, considerado el preso político más antiguo del régimen de Daniel Ortega. Antes de 2011 era el líder de una organización de exmilitares sandinistas que apoyaban a Daniel Ortega. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando la organización comenzó a hacer movilizaciones para reclamar los beneficios prometidos por Ortega. En mayo de 2011 fue presado y condenado a cinco años y medio por el delito de estafa.
“El Cachorro ha sido mi caso por muchos años”, dice Cuevas. “Hubo una orden de libertad (anticipada, por buena conducta, a los cuatro años) y estuvo en libertad en papeles por mes y medio, porque el sistema penitenciario no la acató y luego se suspendió la orden de libertad. Cumplió la condena, seis meses después no lo liberaban y más bien lo acusaron de que le encontraron droga. Aunque haya sido verdad que le encontraron droga, la obtención de la prueba era ilícita porque él estaba secuestrado contra orden de juez. Fue condenado. Y sigue preso”.
Marvin Vargas, alias El Cachorro, fue condenado en 2011 a cinco años y medio de prisión por el delito de estafa. Cada vez que ha logrado su libertad le endilgan nuevos cargos. Continúa en prisión.
Otro caso similar es el de Carlos Bonilla, un exmiembro de la Juventud Sandinista que incluso era líder de fuerzas de choque que reprimían a opositores. En abril de 2018 desertó del oficialismo y se integró a las protestas ciudadanas contra el régimen de Ortega. Fue capturado, torturado y condenado a 90 años de prisión. Estuvo once meses preso, porque en junio de 2019 salió mediante la ley de amnistía, se fue al exilio y regresó en enero de 2020 para celebrar el cumpleaños de su hija. Fue detenido el 18 de enero y condenado nuevamente a un año de prisión por “tenencia ilegal de armas”.
Recientemente Bonilla cumplió su sentencia, pero no fue liberado. A los pocos días se conoció una nueva acusación en su contra, según la cual, dos días antes de su liberación, guardas del sistema penitenciario encontraron 35 gramos de cocaína en su camarote.
“Carlos Bonilla fue condenado de manera arbitraria, cumplió su condena y ahora está iniciando un nuevo proceso. Fue torturado, y le decían que el ensañamiento es porque era traidor y no merecía misericordia. Le temen a su liderazgo”, señala Cuevas.
Se calcula que en Nicaragua hay actualmente unos 108 presos políticos.
Para el abogado Julio Montenegro, no basta luchar para eliminar las penas que cumplen por delitos que no cometieron, sino que habrá que hacer una limpieza en sus expedientes para que no queden manchados por esos delitos que les han endilgado.
