La aprobación en segunda lectura de las modificaciones al Código Penal por parte de la Cámara de Diputados volvió a poner de manifiesto un cambio de postura de los principales partidos de oposición, que esta vez votaron en contra de la reforma pese a que, hace apenas un año, respaldaron la aprobación de la Ley 74-25 junto al oficialismo.
Durante la sesión legislativa, diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y partidos minoritarios rechazaron las modificaciones introducidas al proyecto, argumentando que estas no incorporan de manera integral las observaciones presentadas por distintos sectores de la sociedad y que varias de las propuestas sometidas por la oposición fueron descartadas.
Fuerza del Pueblo fija posición
Entre quienes expresaron su rechazo figuró la diputada Tayluma Calderón, representante de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción 3 de la provincia Santo Domingo, quien aseguró que su organización no podía respaldar el proyecto porque aún mantiene disposiciones que, a su juicio, no responden a la realidad jurídica y social del país.
“No estamos de acuerdo con la aprobación de este código porque hay muchos artículos que no exponen la realidad actual que vive República Dominicana”, manifestó la legisladora.
No obstante, Calderón reconoció que durante el proceso de revisión se alcanzó un consenso con la bancada oficialista para modificar el artículo 104, relacionado con la aplicación de sustancias químicas, una disposición que había generado preocupación entre los profesionales de la salud.
En su condición de odontóloga, explicó que, de no haberse realizado ese cambio, el texto podía dar paso a la criminalización del ejercicio de la medicina y la odontología en el país.
“No escucharon a los sectores”
El diputado Rafael Castillo, también de la Fuerza del Pueblo y representante de Santo Domingo Este, fue aún más crítico con la iniciativa, al calificar el nuevo Código Penal como una legislación que nace con cuestionamientos constitucionales.
“Tiene cinco procesos en el Tribunal Constitucional antes de entrar. Y los sectores importantes del país, colegios, universidades, Colegio Médico, empresas, todos han depositado proyectos y a nadie se les ha hecho caso, a nadie se ha escuchado”, expresó el legislador, quien además es abogado.
Castillo sostuvo que las modificaciones fueron aprobadas de manera unilateral y que varias de las propuestas remitidas por la oposición no fueron acogidas, asegurando que el proyecto terminó respondiendo principalmente a condiciones planteadas desde el Poder Ejecutivo.
Persisten “debilidades”
En la misma línea se expresó el diputado Ramón Raposo, quien justificó su voto en contra al considerar que, aunque algunos artículos fueron modificados, el nuevo Código Penal continúa presentando “debilidades” que ameritan una revisión más profunda.
“Entiendo que persisten las debilidades en torno a realidades que presenta el Código Penal. A pesar de que se varió el artículo 310, que versa sobre el ultraje a los funcionarios y se circunscribe simple y llanamente, o específicamente, a lo que tiene que ver con los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, vemos que persisten las penas a los delitos de opinión”, expresó el legislador al concluir la sesión.
Raposo sostuvo que las modificaciones realizadas al artículo 310 representan un avance, pero consideró insuficientes los cambios para garantizar un adecuado equilibrio entre la protección de los funcionarios públicos y derechos fundamentales como la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Del consenso al desacuerdo
La posición asumida por la oposición contrasta con la mostrada durante la aprobación del Código Penal en 2025, cuando el proyecto recibió un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.
En aquella ocasión, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 159 votos a favor y apenas cuatro en contra, una mayoría que incluyó a legisladores del PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD y otras organizaciones políticas. Posteriormente, el Senado convirtió la pieza en ley con un respaldo igualmente mayoritario, permitiendo la promulgación de la Ley 74-25.
Ese antecedente ha sido utilizado por legisladores oficialistas para cuestionar la postura actual de la oposición, señalando que quienes hoy rechazan las modificaciones fueron parte del consenso político que permitió la aprobación del Código Penal hace apenas un año.
La oposición dice que el escenario cambió
No obstante, los partidos opositores sostienen que el contexto es distinto al de 2025. Argumentan que, tras la promulgación de la Ley 74-25, surgieron múltiples cuestionamientos de juristas, periodistas, organizaciones de derechos humanos, universidades, gremios profesionales, el Colegio Médico Dominicano, asociaciones empresariales y otros sectores de la sociedad, quienes solicitaron revisar varios artículos antes de la entrada en vigencia de la normativa.
Entre las principales preocupaciones figuran las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, los delitos de opinión, la responsabilidad penal, la tipificación de determinados delitos tecnológicos y otros artículos que, según sus críticos, requieren una redacción más precisa para evitar interpretaciones que puedan vulnerar derechos constitucionales.
Precisamente esas observaciones motivaron que el Congreso Nacional reabriera el estudio del Código Penal antes de su entrada en vigencia, dando paso al proceso de modificaciones aprobado por la Cámara de Diputados.
Con el voto favorable de la mayoría oficialista, el proyecto pasa nuevamente al Senado de la República, donde será conocido antes de ser remitido al Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el cambio de postura de la oposición se ha convertido en uno de los principales ejes del debate político, reabriendo la discusión sobre una legislación que, pese a haber sido aprobada con amplio consenso en 2025, continúa generando diferencias tanto en el ámbito político como entre diversos sectores de la sociedad.
